La justicia salvadoreña marcó un precedente histórico al dictar la primera condena a cadena perpetua por feminicidio. El viernes pasado, el tribunal confirmó la culpabilidad de Eduardo Mauricio Urbina García, quien fue hallado responsable del asesinato de una vecina en Santa Ana, al oeste de la capital, apenas 42 días después del hecho. La Fiscalía General de la República destacó que el delito fue agravado por el acoso constante que el agresor ejercía sobre la víctima, y que la pena máxima aplicable ahora es la prisión perpetua, sin posibilidad de reducción.
Esta sentencia llega después de que el Congreso, controlado por el oficialismo, eliminara a inicios de año la prohibición constitucional de la cadena perpetua. Con la reforma, los jueces pueden imponer penas de por vida a quienes cometan homicidios, violaciones o actos de terrorismo, sustituyendo la antigua pena máxima de 60 años. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien también aprobó una norma que extiende la responsabilidad penal a menores de edad que participen en estos crímenes graves.
El caso de Urbina García se inscribe en el marco de la política de seguridad del gobierno bukelista, conocida como la “guerra contra las pandillas”. Desde su inicio, esa estrategia ha llevado a prisión a cerca de 92,000 personas y ha reducido los índices de criminalidad a niveles históricamente bajos. Sin embargo, la aplicación de medidas extremas ha generado críticas de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que acusan al régimen de violaciones sistemáticas que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Expertos de la ONU y diversas ONG señalan que la expansión de penas severas, como la cadena perpetua, puede vulnerar garantías procesales y derechos fundamentales. Argumentan que la falta de mecanismos de revisión o de posibilidades de reinserción contraviene los estándares internacionales. Aun así, el gobierno defiende la medida como necesaria para disuadir la violencia de género y otros delitos graves, subrayando que la sentencia envía un mensaje claro de cero tolerancia.
La víctima, una mujer que vivía en la zona de Santa Ana, había denunciado repetidamente el acoso del acusado, pero las autoridades no lograron prevenir el homicidio. Su caso ha reavivado el debate sobre la protección de las mujeres en El Salvador, donde los feminicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres jóvenes. La comunidad local exige mayores recursos para la prevención y la atención integral a las víctimas.
Con la primera cadena perpetua por feminicidio, El Salvador abre un nuevo capítulo en su lucha contra la violencia de género, aunque la polémica sobre los métodos empleados persiste. La sentencia será observada de cerca por organismos internacionales, que evaluarán si la medida cumple con los estándares de derechos humanos o si constituye un retroceso en la garantía de libertades fundamentales.
Fuente: Dw