Rubén Rocha Moya volvió a tomar la silla de gobernador de Sinaloa anunciando que lo hace “con la frente en alto” tras ser señalado por autoridades de EE. UU. por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, que aún no se ha convertido en sentencia, le permite legalmente alegar inocencia, pero el contexto político y social hace que su regreso sea altamente controvertido.
El caso se remonta a 2022, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Rocha Moya en una lista de funcionarios vinculados al narcotráfico. Desde entonces, el político ha rechazado las imputaciones, argumentando que son parte de una campaña de desestabilización contra su gobierno. Sin embargo, la presión de la opinión pública y de organizaciones de la sociedad civil ha aumentado, exigiendo una investigación transparente y exhaustiva.
Al mismo tiempo, se reabren los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en una reunión a la que, según el propio “El Mayo” Zambada, también asistió Rocha Moya. La detención reciente de Fausto Corrales Rodríguez, quien había declarado que el homicidio se dio durante un intento de robo en una gasolinera, pone en duda la versión oficial y reaviva las sospechas sobre la participación de autoridades locales.
La Fiscalía General de la República ya había cuestionado la versión inicial de los hechos, y ahora la nueva detención abre la puerta a una revisión más profunda del caso. Los investigadores buscan esclarecer si el asesinato de Cuén estuvo ligado a disputas internas del cártel o a intentos de silenciar a testigos clave. Mientras tanto, la población sinaloense observa con recelo el retorno del gobernador, temiendo que la impunidad continúe.
En el plano nacional, la discusión se extiende a otros políticos señalados por EE. UU., como el senador Enrique Inzunza, también de Morena. Analistas advierten que la falta de una respuesta judicial clara podría sentar un precedente peligroso, donde la presunción de inocencia se convierta en escudo político para evitar rendición de cuentas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado la necesidad de pruebas concluyentes antes de condenar a funcionarios, pero críticos señalan que esta postura podría estar protegiendo a sus aliados. La tensión entre la defensa de la inocencia y la exigencia de responsabilidad sigue sin resolverse, dejando a Sinaloa en una encrucijada que podría definir el futuro de la política mexicana.
La comunidad internacional observa el caso como un barómetro de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México. La manera en que se maneje la investigación de Rocha Moya y los demás implicados podría influir en la percepción de México ante sus socios extranjeros y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Fuente: Eluniversal