Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, volvió a su cargo este viernes sin notificar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ni a la Secretaría de Gobernación. La decisión, tomada en secreto, se dio en medio de una investigación del Departamento de Justicia de EE. U. y de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según fuentes del Palacio Nacional, la Presidencia anticipó una respuesta negativa y prefirió mantener la medida bajo reserva para evitar un conflicto diplomático.
Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibió elogios del director de la DEA, Terrance Cole, en Buenos Aires, consolidando una cooperación cada vez mayor entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y operativos. Esa alianza se ha convertido en un pilar de la estrategia de seguridad del gobierno federal, lo que hace aún más delicado que un gobernador bajo acusación internacional vuelva a ejercer sin autorización.
La reacción de Morena no se hizo esperar. La dirigencia del partido se deslindó de la decisión de Rocha, afirmando que no tuvo conocimiento previo y recordando que las investigaciones en México continúan abiertas. La presidenta Sheinbaum, sin mencionar al gobernador por su nombre, reiteró que el gobierno federal no avala su restitución y que no está dispuesta a asumir el costo político de protegerlo ante Washington.
Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión virtual con todos los mandatarios de Morena. Según asistentes, el objetivo fue cerrar filas y dejar claro que ningún gobernador puede actuar unilateralmente en asuntos que comprometen la relación bilateral y la seguridad nacional. El mensaje oficial del partido coincidió con el comunicado de Sheinbaum: la decisión de Rocha es personal y el Ejecutivo no está obligado a respaldarla.
Ante la presión, se baraja en Palacio Nacional iniciar una iniciativa legislativa para retirar el fuero al exgobernador y juzgarlo en México. La medida no implica extradición a EE. U., sino que busca que las acusaciones se resuelvan en tribunales mexicanos. De concretarse, la operación podría incluir también el desafuero de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, como parte de una estrategia de equilibrio político.
El episodio pone en evidencia una posible fisura entre Sheinbaum y la facción leal a Andrés Manuel López Obrador. Algunos analistas señalan que Rocha habría actuado sin consultar ni al expresidente ni a sus allegados, lo que obliga a la presidenta a definir quién tiene la última palabra en el oficialismo. La disputa podría convertirse en un punto de inflexión para la cohesión interna del movimiento y para la relación de México con Estados Unidos en materia de seguridad.
Fuente: Eluniversal