Rubén Rocha Moya, de 77 años, anunció este viernes que retoma oficialmente la gobernación de Sinaloa después de una ausencia de 112 días. La pausa se originó en mayo, cuando solicitó licencia para responder a una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalaba por supuestos vínculos con el cártel de los “Chapitos”. Rocha Moya rechazó enérgicamente las imputaciones, calificándolas de infundadas y de motivación política. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario reiteró su compromiso con los sinaloenses y con el proyecto de gobierno que los ciudadanos le confiaron.
La denuncia estadounidense, publicada a finales de abril, involucró a diez funcionarios y exfuncionarios del estado, acusándolos de colaborar con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según los fiscales, la supuesta alianza incluía actividades de narcotráfico y lavado de dinero, aunque no se presentó evidencia concluyente en el momento de la acusación. La medida provocó una fuerte reacción en México, donde autoridades locales y federales calificaron la acción como una injerencia externa.
Durante su licencia, Rocha Moya se puso a disposición del sistema de justicia mexicano para ser investigado por lo que describió como “falsas acusaciones” de la ultraderecha nacional y extranjera. El gobernador sostuvo que la acusación de EE. UU. carecía de pruebas y buscaba desestabilizar su administración. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación paralela para determinar la procedencia de los señalamientos y garantizar la legalidad del proceso.
El regreso de Rocha Moya se produce en un contexto de violencia y disputa territorial entre grupos del narcotráfico en la región. Sinaloa, una de las principales rutas de tránsito de drogas, ha visto un aumento de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad en los últimos meses. La administración actual había impulsado programas de desarrollo social y fortalecimiento institucional, pero la acusación estadounidense generó incertidumbre en la percepción de seguridad.
Políticamente, el gobernador subrayó que su mandato continuará hasta el 31 de octubre de 2025, fecha establecida por la Constitución del estado. Asimismo, prometió retomar los proyectos de infraestructura, salud y educación que quedaron en pausa durante su ausencia. Los partidos de oposición han pedido mayor transparencia y rendición de cuentas, mientras que sus aliados celebran el retorno como una victoria contra la injerencia externa.
En los próximos días, se espera que el gobierno estatal presente un informe detallado de las investigaciones internas y que el Departamento de Justicia de EE. UU. revise la evidencia que sustentó su acusación. La comunidad internacional observará de cerca cómo se resuelve este caso, que podría sentar precedentes sobre la relación entre autoridades mexicanas y la justicia estadounidense.
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Fuente: eleconomista.com.mx