La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la utilización de chorros de agua por parte de la policía durante la protesta que se desarrolló este lunes en la ciudad de Guadalajara. En un comunicado oficial, la mandataria señaló que el recurso, considerado una forma de represión, vulnera los derechos humanos y genera un clima de intimidación contra la ciudadanía que ejerce su libertad de expresión.
El operativo policial tuvo lugar en la zona centro de Guadalajara, donde grupos de manifestantes se congregaron para exigir mejores condiciones de seguridad y mayor inversión en infraestructura pública. Testigos afirman que la policía, bajo la orden de los comandantes locales, empleó mangueras de alta presión para dispersar a la multitud, provocando lesiones leves en varios participantes y generando caos en el tráfico.
Sheinbaum, quien recientemente asumió la presidencia, subrayó que el uso de la fuerza desproporcionada no es una solución a los problemas estructurales que enfrenta el país. “El Estado debe proteger a los ciudadanos, no agredirlos. Exigimos a las autoridades locales que revisen sus protocolos y garanticen el respeto a los derechos fundamentales”, indicó la mandataria en su declaración.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya habían alertado sobre la tendencia creciente de emplear balas de agua como método de control de multitudes en diversas ciudades mexicanas. Estas entidades demandan una revisión exhaustiva de los procedimientos policiales y la capacitación adecuada del personal para evitar abusos.
El incidente ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de reformar la policía y establecer mecanismos de rendición de cuentas más estrictos. Legisladores de diversos partidos han pedido al Congreso que apruebe reformas que incluyan la prohibición del uso de chorros de agua como herramienta de dispersión, salvo en casos de extrema emergencia y bajo supervisión judicial.
Mientras tanto, la ciudadanía de Guadalajara sigue dividida: algunos apoyan la medida como una forma de mantener el orden, mientras que otros la consideran una violación a la libertad de expresión. La administración municipal aún no ha emitido una respuesta oficial, pero se espera que en los próximos días se realice una audiencia pública para abordar las acusaciones y proponer soluciones.
Fuente: Jornada