La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este miércoles que la escuela de formación policial establecida en colaboración entre el estado de Querétaro y Estados Unidos carece de los permisos y certificaciones oficiales que la legitimen. En una rueda de prensa, la mandataria subrayó que la institución no cuenta con el aval de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni de la autoridad educativa federal, lo que plantea dudas sobre su operatividad y reconocimiento legal. Sheinbaum recordó que cualquier programa de entrenamiento policial debe cumplir con normas estrictas de calidad y supervisión para garantizar la idoneidad de los futuros agentes.
El proyecto, anunciado en 2022, buscaba crear un centro de capacitación que combinaría metodologías de entrenamiento norteamericanas con el contexto mexicano, con la intención de elevar los estándares de la fuerza pública. Sin embargo, según documentos presentados por la Oficina de la Fiscalía General de la República, la escuela no ha presentado los convenios necesarios ni ha sido inspeccionada por organismos de control. La falta de estos avales impide que los egresados obtengan certificaciones oficiales, lo que podría limitar su inserción en la policía nacional o estatal.
Expertos en seguridad pública advierten que la ausencia de regulación puede generar problemas de responsabilidad y de derechos humanos. “Un programa sin supervisión oficial corre el riesgo de operar bajo criterios arbitrarios y de no respetar los protocolos internacionales de uso de la fuerza”, explicó la analista de seguridad, Ana López. Además, señalan que la colaboración con Estados Unidos, aunque prometedora, requiere una coordinación jurídica clara para evitar conflictos de jurisdicción y asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos.
El gobierno de Querétaro, por su parte, defendió la iniciativa argumentando que la escuela ya ha recibido financiamiento y que los cursos se imparten bajo estándares internacionales. El gobernador, Mauricio Kuri, indicó que se están gestionando los trámites necesarios para regularizar la situación y que la alianza busca fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos policiales en la región. Sin embargo, no se ha presentado un cronograma concreto para la obtención de los avales requeridos.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han pedido una auditoría independiente del proyecto y la publicación de los resultados de las evaluaciones de calidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado su interés en revisar los protocolos de formación para garantizar el respeto a los derechos humanos. La presión de estos grupos podría acelerar la respuesta del gobierno federal.
En conclusión, la polémica alrededor de la escuela policial binacional refleja la necesidad de mayor claridad y control en los programas de capacitación policial. La postura de Sheinbaum pone en relieve la importancia de que cualquier iniciativa de este tipo cuente con el respaldo legal y académico necesario para ser eficaz y legítima. El desenlace de este caso podría sentar precedentes sobre cómo México y Estados Unidos colaboran en materia de seguridad.
Fuente: Jornada