El pleno del Senado mexicano aprobó, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que sancionará con multas de entre 56,570 y 2,345,000 pesos a las empresas que realicen acoso telefónico con fines comerciales. La iniciativa, presentada por la senadora del PAN Mayuli Martínez, modifica los artículos 18 Bis y 127 de la normativa y será remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual promulgación.\n\nLa reforma prohíbe expresamente que proveedores y compañías efectúen llamadas o cualquier otro medio de comunicación no autorizado de forma reiterada y persistente con propósitos publicitarios. Según Martínez, la medida “inhibirá el acoso telefónico comercial” y garantizará que la privacidad del consumidor no dependa de cuántas veces tenga que rechazar una oferta.
Con ello se busca reforzar la voluntad del consumidor y evitar que la molestia de llamadas no deseadas se convierta en una práctica normal del mercado.\n\nEsta nueva disposición se suma al marco legal que ya impide el envío de publicidad a personas que hayan manifestado su negativa o estén inscritas en el registro de oposición. Además, mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando la publicidad se difunda a través de terceros, evitando que las empresas se escuden en intermediarios para eludir la sanción.\n\nEl texto también contempla sanciones a quienes utilicen datos personales con fines mercadotécnicos sin autorización, así como a las comunicaciones comerciales no consentidas. Las multas, que pueden superar los dos millones de pesos, buscan disuadir a las compañías de invertir en estrategias de telemarketing invasivas y proteger a los usuarios de prácticas abusivas.\n\nOrganizaciones de defensa del consumidor han aplaudido la iniciativa, señalando que el acoso telefónico representa una de las quejas más frecuentes entre la población.
Sin embargo, advierten que la efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para fiscalizar y aplicar las sanciones de forma rápida y transparente.\n\nEn caso de aprobarse la reforma, las empresas deberán revisar sus bases de datos y procesos de contacto, asegurándose de contar con el consentimiento explícito de los usuarios antes de iniciar cualquier campaña de llamadas. De no hacerlo, enfrentarán multas que podrían impactar significativamente sus finanzas y su reputación en el mercado.\n\nLa propuesta se encuentra ahora en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate que podría culminar en la publicación del nuevo marco regulatorio antes de fin de año, marcando un hito en la protección de los derechos de los consumidores mexicanos.
Fuente: Eluniversal