En medio de una investigación financiera que involucra a Guadalupe Taddei Zavala, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. La dimisión se dio a conocer de forma extraoficial la noche del miércoles 11 de noviembre, tras la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear sus cuentas bancarias. La medida se inscribe en un proceso que ya ha señalado a 40 personas y 15 empresas por supuestas irregularidades en contratos adjudicados al INE.
La lista de bloqueos incluye a 25 personas físicas, entre ellas Guadalupe Taddei, su hijo, otro familiar y ocho exfuncionarios electorales, así como a 15 compañías proveedoras del organismo. La UIF describió los movimientos como de alto riesgo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos y se determinen responsabilidades. En paralelo, Delia Sugey Cruz Montaño, esposa de Piñeda Taddei, también renunció a su cargo de administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Piñeda Taddei ingresó al gobierno de Sonora en enero de 2025 como titular de la Consejería Jurídica y, siete meses después, fue trasladado a la Secretaría Particular del gobernador. Su nombramiento generó críticas y sospechas de nepotismo, dado el vínculo familiar con la ex presidenta del INE, quien está bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción. El gobernador Durazo defendió en su momento la idoneidad del colaborador, afirmando que no existía un “clan Taddei” y que no había motivos para separarlo mientras no hubiera conclusiones legales.
Sin embargo, la presión política y mediática se intensificó cuando la UIF reveló los bloqueos y la denuncia ante la FGR. La renuncia de Piñeda Taddei y la posible salida de su esposa del cargo público representan un nuevo capítulo en la polémica que rodea a la familia Taddei y su relación con la administración estatal. Expertos señalan que estos hechos podrían afectar la percepción de transparencia del gobierno de Durazo y reavivar las discusiones sobre la influencia de grupos familiares en la política regional.
El gobernador Durazo, por su parte, reiteró que cualquier decisión de separación debe basarse en resultados de la investigación y no en presiones externas. En una conferencia de prensa el 29 de octubre, Durazo negó la existencia de un grupo familiar con poder dentro de su gobierno y sostuvo que la trayectoria profesional de Piñeda Taddei era el único fundamento de su nombramiento. No obstante, la renuncia abre la puerta a una revisión más profunda de los vínculos entre funcionarios estatales y la trama de contratos del INE.
Las autoridades fiscales continúan analizando los movimientos sospechosos y la Fiscalía General de la República ha iniciado la fase de investigación preliminar. Mientras tanto, la ciudadanía y los partidos políticos siguen demandando claridad y rendición de cuentas, exigiendo que se aclare el alcance de la supuesta red de favorecimientos y se sancione a los responsables, en caso de confirmarse irregularidades.
Fuente: Eluniversal