Los legisladores Roselia Bustillo y Gilberto Salazar solicitaron este lunes que los partidos revisen exhaustivamente los antecedentes de sus aspirantes, con el fin de prevenir actos de violencia política de género. La medida surge tras varios casos recientes en los que candidatos fueron acusados de conductas sexistas o de acoso, lo que ha generado polémica y ha puesto en entredicho la integridad del proceso electoral. Según los políticos, el simple registro de una denuncia en el Sistema Nacional de Registro de Violencia Política no basta para descalificar a un candidato, pero sí debe ser un punto de partida para aplicar filtros preventivos.
La normativa vigente, aprobada en 2022, obliga a los partidos a adoptar protocolos de prevención, detección y sanción de la violencia política de género. Entre las acciones requeridas se encuentran la capacitación de militantes, la elaboración de códigos de conducta y la creación de comités internos que evalúen cada caso. Sin embargo, Bustillo y Salazar argumentan que la aplicación práctica de estas disposiciones es deficiente, pues muchos partidos no cuentan con los recursos ni la voluntad política para ejecutar los lineamientos de forma rigurosa.
En el contexto nacional, la violencia política de género se ha convertido en una de las principales barreras para la participación de las mujeres en la vida pública. Estudios del Instituto Nacional de las Mujeres indican que más del 60 % de las candidatas han sufrido algún tipo de hostigamiento durante sus campañas. Esta situación no solo afecta la igualdad de oportunidades, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
Los legisladores proponen, además de la revisión de antecedentes, la instauración de un registro único donde se consoliden todas las denuncias y sanciones previas contra los aspirantes. Este mecanismo permitiría a los partidos contar con información verificable antes de validar una candidatura. Asimismo, sugieren la creación de una comisión independiente que supervise el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y que pueda imponer sanciones a los partidos que omitan los filtros.
La iniciativa ha recibido el respaldo de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red de Mujeres por la Democracia y el Observatorio de Derechos Humanos. Estas entidades señalan que la prevención es la herramienta más eficaz para erradicar la violencia de género en la política, pues actúa antes de que se materialicen los actos de agresión. Por su parte, algunos partidos han manifestado su disposición a colaborar, aunque piden mayores recursos del gobierno federal para implementar los cambios.
Si bien la propuesta aún debe ser discutida en el Congreso, representa un paso importante hacia la consolidación de un entorno electoral más seguro e inclusivo. La expectativa es que, al fortalecer los filtros de antecedentes y los mecanismos de supervisión, se reduzca significativamente la incidencia de violencia de género y se fomente una mayor participación de mujeres y minorías en la arena política.
Fuente: Diario de Xalapa