En 1971, bajo el auspicio del gobierno español y de la Federación de Caza de Tenerife, se soltaron once muflones europeos en el Parque Nacional del Teide. Estos animales, originarios de Córcega y Cerdeña, fueron introducidos para crear una nueva especie de caza mayor en las islas. Lo que empezó como una medida recreativa se ha convertido, a más de medio siglo, en una grave crisis ambiental para Canarias.
Los muflones (Ovis orientalis musimon) se han adaptado con facilidad a los ecosistemas de alta montaña de Tenerife, ocupando altitudes entre 1.400 y 3.100 metros. Al no contar con depredadores naturales, la población ha crecido sin control, pisoteando y devorando la vegetación autóctona. Según el Cabildo de Tenerife, la presión sobre la flora endémica es alarmante, pues el Teide alberga doce especies de plantas exclusivas de la isla, catalogadas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Lo que inicialmente fueron once ejemplares, hoy supera los quinientos individuos, según Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo. Los muflones se avistan cerca de núcleos habitados y en la Corona Forestal, zona que antes se consideraba libre de ellos. En La Palma, incluso se han documentado híbridos entre muflón y oveja doméstica, lo que complica aún más su gestión.
El impacto va más allá del consumo de vegetación. Las deposiciones de los muflones alteran la composición del suelo, favoreciendo la erosión y aumentando el riesgo de derrumbes, especialmente en áreas afectadas por incendios forestales. Estas alteraciones generan costos adicionales para la administración local, que debe invertir en medidas de control y reparación de caminos.
La introducción de los muflones se enmarca en la política cazadora del régimen de Franco, cuando la falta de especies de caza mayor motivó a las autoridades a importar animales exóticos. En 2011, el Gobierno de Canarias los declaró especie invasora, pero la erradicación ha sido lenta y limitada. En 2022, organizaciones como ACBC y ATAN fijaron un plazo de tres años para su eliminación, objetivo que no se ha cumplido.
Actualmente, la caza regulada es la principal herramienta de control. El Boletín Oficial de Canarias establece un cupo anual de 236 animales para 2026, un aumento del 26% respecto al año anterior. Los expertos señalan que la falta de una voluntad política firme y de un programa científico de monitoreo impide reducir la población de manera efectiva. La comunidad científica y ambientalista reclama una gestión basada en datos y ejecutada por personal especializado, antes de que el daño irreversible a la biodiversidad del Teide sea irreversible.
Fuente: xataka