Miles de ciudadanos colombianos se congregaron en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo al presidente interino Luis Alberto De la Espriella, a quien acusan de retroceder en la agenda de reformas sociales.
Los manifestantes, organizados por sindicatos, organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos, marcharon bajo pancartas que exigían la ampliación de la cobertura de salud, la reducción de la brecha salarial y la garantía de pensiones dignas. La protesta, que comenzó en Bogotá y se replicó en Medellín, Cali y Barranquilla, contó con la participación de más de 30 000 personas, según datos de la policía nacional.
De la Espriella, quien asumió la presidencia tras la renuncia del anterior mandatario, ha sido señalado por sus críticos por intentar revertir medidas aprobadas en los últimos años, como la reforma tributaria progresiva y el programa de subsidios a la vivienda. En un discurso televisado, el presidente defendió su posición, argumentando que el país necesita “un ajuste fiscal responsable” para enfrentar la inflación y la deuda externa.
Sin embargo, los líderes de la protesta, entre ellos la dirigente sindical María Gómez, recalcaron que los ajustes propuestos afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. “No podemos permitir que se sacrifiquen los derechos sociales en nombre de la estabilidad macroeconómica”, declaró Gómez, añadiendo que la ciudadanía está dispuesta a seguir luchando hasta que se garantice un modelo más inclusivo.
El gobierno respondió anunciando una mesa de diálogo que reunirá a representantes del Estado, la oposición y la sociedad civil. La convocatoria, programada para la próxima semana, busca consensuar un paquete de reformas que incluya la mejora del sistema de salud pública y la creación de un fondo de apoyo a pequeñas empresas. No obstante, los manifestantes han manifestado su escepticismo, señalando que en ocasiones anteriores los diálogos han concluido sin cambios reales.
Expertos en economía política advierten que la tensión entre la necesidad de ajuste fiscal y la presión social podría derivar en una mayor inestabilidad política. Mientras tanto, la población sigue observando de cerca los movimientos del presidente interino, esperando que sus decisiones reflejen un compromiso con la justicia social y el bienestar colectivo.
Fuente: Jornada