El senador de Morena, Alejandro López Beltrán, volvió a generar polémica al calificar de “buitre” al empresario Carlos Salinas Pliego, presidente del Grupo Sabadell y de la cadena TV Azteca. En una entrevista televisiva, el legislador cuestionó los lazos del magnate con el difunto financiero Jeffrey Epstein, el exsecretario de Seguridad Pública Miguel García Luna y el polémico sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. López Beltrán sostuvo que la cercanía de Salinas Pliego con estos personajes sugiere una red de influencias que trasciende el ámbito empresarial y penetra en la política y la Iglesia.
El senador explicó que, según documentos y testimonios de investigaciones internacionales, Salinas Pliego mantuvo contactos frecuentes con Epstein entre 2010 y 2015, época en la que el financiero organizó fiestas en sus residencias de Nueva York y Florida. Además, citó correos electrónicos que, según él, demuestran una relación de negocios con García Luna, quien fue detenido en 2019 bajo acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. López Beltrán insistió en que la falta de transparencia de Salinas Pliego impide esclarecer el alcance de estos nexos.
El empresario, por su parte, ha negado rotundamente cualquier vínculo delictivo con Epstein o García Luna. En un comunicado oficial, Salinas Pliego declaró que sus relaciones con ambos fueron meramente profesionales y que nunca participó en actividades ilícitas. Asimismo, subrayó que su empresa siempre ha cumplido con las normativas mexicanas e internacionales en materia de anticorrupción y lavado de dinero.
La acusación de López Beltrán también incluye al sacerdote Marcial Maciel, quien fue acusado de abusos sexuales y encubrimiento dentro de la Iglesia católica. El senador señaló que Salinas Pliego habría financiado proyectos vinculados al orden religioso en México, lo que, según él, podría haberle otorgado una fachada de legitimidad moral. Estas declaraciones han reavivado el debate sobre la influencia de los grandes empresarios en la esfera pública y la necesidad de una mayor rendición de cuentas.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos han pedido que se abra una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar la veracidad de los señalamientos. Algunos expertos advierten que, sin pruebas contundentes, la acusación podría considerarse difamación y generar un clima de polarización en el Congreso.
Mientras tanto, la polémica ha puesto en el centro del discurso público la cuestión de la transparencia de los vínculos entre el sector privado y los funcionarios públicos. La presión social y mediática podría impulsar reformas legales que fortalezcan los mecanismos de control y sanción contra la colusión entre poder económico y político en México.
Fuente: Jornada