A partir del 17 de octubre, el Ministerio de Transformación Digital de España obligará a que todas las llamadas de carácter comercial provengan exclusivamente de números de nueve dígitos que inicien con el prefijo 400. La medida, publicada en el BOE en abril, busca dar claridad al consumidor y frenar el creciente número de llamadas de spam y fraudes que utilizan identificadores falsos.
La norma se sustenta en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada a principios de 2024, la cual exige separar los números de los departamentos comerciales de los de atención al cliente y soporte técnico. Los operadores de telefonía deberán bloquear cualquier llamada comercial que no respete el nuevo rango y, en caso de incumplimiento, las empresas podrán ser sancionadas por la CNMC.
Una de las claves de la reforma es que los usuarios no podrán devolver la llamada recibida desde un número 400. El objetivo es evitar el engañoso truco de la “llamada perdida”, que incita al destinatario a marcar de vuelta y facilita el contacto comercial no deseado. Si el consumidor desea información sobre ofertas, deberá acudir a otros canales, como webs o aplicaciones, y no a través de la devolución de la llamada.
Además, la normativa permite a los abonados solicitar a su operador la desconexión total del rango 400, lo que bloquearía cualquier intento de contacto comercial. En caso de recibir una llamada de este tipo desde otro prefijo, los usuarios pueden denunciar la infracción ante la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones o la propia CNMC.
El prefijo 400 también pretende dificultar la práctica del “CLI spoofing”, donde los estafadores falsifican el identificador del llamante para aparentar ser una entidad legítima. Según datos del Ministerio, los operadores ya han bloqueado más de 300 millones de llamadas y 26,6 millones de SMS fraudulentos, pero gran parte del fraude proviene del exterior, fuera del alcance de la legislación española.
La CNMC supervisará el cumplimiento de la norma y aplicará sanciones basadas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las multas pueden oscilar entre 100.001 y un millón de euros, con la posibilidad de elevarse hasta ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora.
Aunque la medida representa un paso importante, quedan dudas sobre su efectividad real, dado que el fraude evoluciona rápidamente y los operadores disponen de solo seis meses para adaptar sus sistemas. Sin embargo, para muchos usuarios la llegada del prefijo 400 se percibe como una señal de que el spam telefónico podría estar finalmente en la cuerda de salida.
Fuente: xataka