El Gobierno japonés ha elevado la alerta tras una oleada de ciberataques que ha golpeado a empresas y organismos públicos en los últimos meses. El 9 de octubre, el Partido Liberal Democrático convocó una reunión extraordinaria de su comité de estrategia de ciberseguridad, presidido por Masaaki Taira, exministro de Transformación Digital, quien describió la situación como un “estado de emergencia en el ciberespacio”. La declaración, aunque no constituye una emergencia legal, subraya la gravedad del panorama y la necesidad de una respuesta coordinada.
Los datos respaldan la preocupación. Según Trend Micro, la división de ciberseguridad TrendAI registró 86 incidentes divulgados en septiembre, un 18 % más que en agosto y un 37 % más que en julio. En los primeros nueve meses de 2026, el número total de casos superó el de todo el año 2025, lo que indica una tendencia ascendente sin precedentes. Además, el Financial Times informó que más de 20 grandes corporaciones han reportado ataques en las últimas semanas, con filtraciones que podrían afectar a decenas de millones de registros de clientes.
Uno de los casos más críticos involucró a Times Car, la plataforma de coches compartidos de Times Mobility (filial de PARK24). Un acceso no autorizado a sus sistemas comprometió datos de 6,6 millones de cuentas, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento y permisos de conducir; 1,6 millones de esos registros contenían imágenes de documentos oficiales. La empresa asegura que no se expusieron datos de tarjetas de crédito, pero la magnitud del robo plantea serias dudas sobre la protección de la información personal en servicios cotidianos.
El daño se extendió más allá de la empresa atacada. El 7 de octubre, un ransomware dirigido a IDC Frontier, filial de SoftBank, paralizó su infraestructura en la nube, afectando a 495 clientes, entre ellos el grupo ferroviario JR East. Este último advirtió la posible exposición de 6,09 millones de registros, principalmente correos electrónicos, aunque aún no se confirma la sustracción de la información.
Las autoridades japonesas advierten que el riesgo persiste después del acceso inicial, pues los datos robados pueden servir para fraudes y suplantación de identidad. El regulador financiero ha instado a las entidades a reforzar los controles y acelerar la adopción de sistemas que lean directamente los chips electrónicos de identificación, eliminando gradualmente la verificación basada en imágenes de documentos a partir de abril de 2027.
El origen de la vulnerabilidad se vincula, en parte, a la lenta modernización de infraestructuras legadas en empresas japonesas, un problema señalado por el Ministerio de Economía en 2025. Mientras tanto, la inteligencia artificial facilita a los ciberdelincuentes la identificación de fallas y la elaboración de campañas maliciosas. En respuesta, Japón ha ampliado sus herramientas de defensa, permitiendo a las Fuerzas de Autodefensa neutralizar infraestructuras usadas en ciberataques graves bajo un marco legal recién implementado.
Fuente: xataka