El verano de 2026 ha sido especialmente propenso a incendios en España, con varios casos notables en diferentes regiones del país. El jueves 16 de julio, un incendio en La Mierla, al norte de la provincia de Guadalajara, fue causado por una cosechadora agrícola. Otros incendios en Burgohondo, al sur de Ávila, y en Los Gallardos, al norte de Almería, fueron atribuidos a la imprudencia y a un cable olvidado, respectivamente.
La normativa actual en España para prevenir incendios forestales parece tener agujeros y no ser lo suficientemente efectiva. El Real Decreto-ley 15/2022 prohíbe el uso de maquinaria que genere deflagración, chispas o descargas eléctricas cuando hay riesgo muy alto o extremo, pero existen excepciones y ventanas horarias que permiten su uso.
La regulación varía según la comunidad autónoma, lo que puede generar confusión y dificultades para los agricultores y trabajadores. Castilla-La Mancha y Extremadura suspenden los trabajos de 14:00 a 17:00, mientras que Galicia lo hace de 12:00 a 18:00. Castilla y León permite cosechar con matachispas, salvo que la temperatura sea superior a 30 ºC y la velocidad del viento supere los 30 km/h.
Los incendios forestales han quemado más de 144.000 hectáreas en España, lo que supone el 0,507 % de la superficie forestal nacional. La situación es crítica y requiere una revisión de la normativa actual para prevenir incendios forestales.
Investigaciones como la de la UPNA, la Universidad de Zaragoza y Fundación Mapfre señalan que la maquinaria agrícola puede provocar incendios muy destructivos, especialmente cuando se utiliza en condiciones de alta propagación. Países como Portugal y Oregon han implementado regulaciones más restrictivas para prevenir incendios forestales, y España podría seguir su ejemplo.
La pregunta es cuánto tiempo tardará España en tomar medidas efectivas para prevenir incendios forestales y proteger su medio ambiente.
Fuente: xataka