Una marcha pacífica que buscaba presionar a la autoridad jalisciense por el acceso al agua se tornó violenta cuando varios individuos encapuchados prendieron fuego a la puerta principal del edificio del Congreso estatal. Los manifestantes, que se congregaron en el Parque Revolución, fueron sorprendidos por la aparición de agentes antimotines que intentaron contener los disturbios mientras se escuchaban explosiones de petardos y el crujido de las llamas.
Según testigos, los agresores, identificados como miembros de grupos delictivos locales, lanzaron bombas molotov contra la entrada del Congreso y dispararon petardos de forma indiscriminada. La acción provocó la evacuación de los legisladores presentes y la activación del protocolo de seguridad del recinto. Las fuerzas de seguridad lograron sofocar el incendio en menos de una hora, pero no antes de que los vidrios se rompieran y el humo se propagara por el interior del edificio.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó en una rueda de prensa el hecho, calificándolo de “ataque a la democracia” y aseguró que se abrirá una investigación para identificar a los responsables. Asimismo, anunció la coordinación con la Fiscalía General del Estado para presentar cargos por delito de incendio, uso de explosivos y alteración del orden público.
Organizadores de la marcha, encabezados por la coalición civil Agua para Todos, explicaron que la protesta surgió ante la escasez de agua potable en varios municipios del estado, donde la falta de infraestructura y la contaminación de fuentes han generado una crisis sanitaria. La coalición denunció que la violencia fue provocada por grupos criminales que buscaban desestabilizar la demanda ciudadana.
El incidente se produce en medio de un clima de inseguridad creciente en la región occidental del país, donde el Cártel del Pacífico y organizaciones locales de extorsión han incrementado su presencia en zonas urbanas. Expertos en seguridad advierten que la utilización de bombas molotov y la ocupación de espacios públicos por grupos armados son tácticas cada vez más frecuentes para generar caos y distraer la atención de problemas estructurales como la falta de agua.
Autoridades federales, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, prometieron reforzar la presencia policial en Jalisco y coordinar operaciones conjuntas para desarticular a los grupos responsables. Mientras tanto, la ciudadanía sigue exigiendo soluciones concretas al problema hídrico, que ha dejado a miles de familias sin acceso a agua limpia.
El Congreso de Jalisco permanecerá cerrado al público durante los próximos días mientras se realizan las reparaciones necesarias y se garantiza la seguridad del recinto. La comunidad espera que la investigación esclarezca los hechos y que la protesta pueda retomar su carácter pacífico, enfocándose en la urgente demanda de agua para la población.
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Fuente: Eluniversal