El 11 de marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la costa este de Japón, desencadenando un tsunami de más de diez metros que inundó la central nuclear Fukushima Daiichi. La ola arrasó los generadores diésel de emergencia y la alimentación eléctrica de los reactores, provocando la fusión del núcleo en tres de ellos y explosiones de hidrógeno que liberaron materiales radiactivos. El accidente fue calificado como nivel 7 en la escala INES, el mismo nivel que alcanzó Chernóbil en 1986, y marcó el inicio de una larga contienda sobre cómo contener y desmantelar los reactores dañados.
A diferencia de Prípiat, donde se erigió un sarcófago de hormigón para encerrar el reactor 4, Fukushima no cuenta con una estructura única que cubra los tres núcleos comprometidos. Tras el desastre, la comunidad internacional instaló “El Arca”, una enorme cubierta de contención destinada a limitar la dispersión de radiación, pero su función es temporal y no equivale al sarcófago de Chernóbil. En su lugar, la estrategia japonesa se basa en mantener los reactores refrigerados, controlar el agua contaminada y retirar gradualmente el combustible fundido, una tarea obstinada por la alta radiactividad y el difícil acceso a los núcleos.
Cada día se bombean alrededor de 150 metros cúbicos de agua –equivalente a sesenta bañeras llenas– dentro de los tres reactores para disipar el calor residual que sigue emitiéndose quince años después del incidente. Este flujo constante evita aumentos peligrosos de temperatura y posibles reacciones incontroladas, pero genera un volumen enorme de agua contaminada que necesita ser tratada. El sistema ALPS elimina la mayoría de los radionúclidos, aunque el tritio permanece, pues no puede separarse químicamente del agua.
Desde agosto de 2023 Japón ha comenzado a liberar al océano el agua tratada y diluida, una medida que ha encendido la polémica. Organizaciones ecologistas, comunidades pesqueras y varios gobiernos regionales protestan, argumentando riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Expertos de derechos humanos de la ONU también han expresado su preocupación, señalando la falta de consenso científico sobre los efectos a largo plazo del tritio en los ecosistemas marinos.
La complejidad del manejo de Fukushima radica en la ausencia de una solución definitiva como la de Chernóbil. Mientras se avanza en la extracción del combustible fundido, la presión internacional y local exige mayor transparencia y garantías de seguridad. El proceso de desmantelamiento se proyecta para varias décadas, con costos estimados en varios cientos de miles de millones de dólares y una vigilancia constante de la radiación.
En conclusión, la imagen de Fukushima como una central encerrada bajo un sarcófago es un mito que oculta la realidad de un sitio nuclear que sigue operando bajo condiciones extraordinarias. La comunidad mundial observa atentamente los próximos pasos de Japón, pues el manejo de esta catástrofe nuclear podría sentar precedentes para futuros incidentes y para la política energética global.
Fuente: Xataka