Una jueza federal del distrito de Nueva York, Jennifer L. Rochon, emitió una orden de restricción temporal que obliga al expresidente Donald Trump a suspender todos los anuncios televisivos pagados con recursos del erario. La medida, dictada el lunes, prohíbe la emisión, renovación o ampliación de cualquier spot que haya sido financiado con dinero de los contribuyentes para promocionar su figura política. La decisión se produce tras la difusión, a finales de septiembre de 2026, de varios anuncios que exaltaban a Trump, sus políticas y una supuesta “batalla final” contra los “globalistas” y el comunismo.
Los anuncios, que terminaban con un aviso indicando que habían sido pagados por el Gobierno de Estados Unidos, generaron críticas cruzadas entre republicanos y demócratas. La organización de vigilancia independiente Common Cause, parte de la coalición demandante, argumentó que el uso de fondos públicos para fines partidistas vulnera la ley y la ética gubernamental. La jueza Rochon calificó la práctica como un “uso ilegal de fondos públicos” y concedió la orden por dos semanas, periodo en el que los anuncios deben ser retirados de la programación.
El Departamento de Justicia, en un escrito presentado el sábado, sostuvo que la medida era innecesaria porque la conducta presuntamente ilícita terminaría al día siguiente. Sin embargo, la corte consideró que la gravedad del caso requería una acción inmediata para evitar que se siguieran gastando recursos federales en propaganda política. La orden también impide que la campaña de Trump celebre nuevos contratos para producir o difundir más spots durante el periodo de vigencia.
Trump reaccionó calificando los anuncios de “bastante convencionales” y los describió como una “promoción positiva de nuestro gran país, Estados Unidos”. Aun así, afirmó que su equipo dejará de financiar los spots con dinero de los contribuyentes, aunque no descartó otras fuentes de financiamiento. La polémica subraya la creciente tensión entre la administración actual y los intentos de Trump de mantenerse relevante en la esfera pública mediante recursos estatales.
El caso revive el debate sobre los límites del gasto público en campañas electorales y la necesidad de una mayor supervisión. Expertos en derecho electoral advierten que la sentencia podría sentar precedentes para futuras acciones legales contra el uso indebido de fondos federales por parte de candidatos o exfuncionarios.
Mientras tanto, la orden de restricción permanecerá en vigor durante las próximas dos semanas, tiempo suficiente para que los canales de televisión retiren los spots y las autoridades evalúen posibles sanciones adicionales. La decisión será observada de cerca tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional, que sigue atenta a la evolución de la política estadounidense.
Fuente: Dw