El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra cinco grandes cadenas de televisión tras la interrupción temporal del “pool” de cobertura de la Casa Blanca que incluye a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News. El “pool” es un mecanismo rotativo que designa a una cadena para cubrir los eventos presidenciales y compartir el material con el resto de los medios; sin él, la información oficial no llega a la audiencia televisiva.
La medida surge después de que el expresidente Donald Trump, en octubre de 2025, prohibiera el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico, acusándolos de difundir “noticias falsas” y “ficción y mentiras”. Un juez federal revocó esa prohibición, pero durante el conflicto las cinco cadenas suspendieron su participación en el “pool” como muestra de solidaridad con los medios vetados, dejando varios días sin cobertura televisiva de la administración.
El viernes 9 de octubre de 2026, funcionarios del DOJ contactaron a los directivos de las cadenas y les solicitaron documentos y comunicaciones relacionadas con el “pool”. Emily Covington, portavoz del Departamento, afirmó que el boicot grupal podría infringir la Ley Sherman, la normativa antimonopolio que prohíbe prácticas colusorias entre competidores comerciales. La división antimonopolio del DOJ está revisando si la acción de los medios constituye una violación legal.
Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, calificó la investigación como un “pretexto” para obtener registros sobre la forma en que los canales cubren los eventos diarios de la Casa Blanca durante la prohibición impuesta por el propio presidente. Según Brown, la decisión editorial de los medios está protegida por la Primera Enmienda, y recurrir a la autoridad antimonopolio representa un intento de intimidar a los periodistas.
Mientras tanto, CNN, MSNBC y Politico comparecieron ante un tribunal federal en Washington el jueves 8 de octubre para solicitar una extensión de su acceso a la Casa Blanca. La audiencia sigue en curso y los jueces aún no han emitido una decisión definitiva sobre la reapertura del acceso.
La controversia pone de relieve la tensión entre el poder ejecutivo y los medios de comunicación en EE.UU., un país donde la libertad de prensa está consagrada constitucionalmente pero donde los presidentes recientes han intentado limitarla. La investigación del DOJ podría sentar un precedente sobre cómo se aplican las leyes antimonopolio al sector mediático y si la presión política puede traducirse en sanciones legales contra los conglomerados de noticias.
En conclusión, la investigación del Departamento de Justicia no solo busca esclarecer si hubo una colusión ilegal, sino también reafirmar los límites entre la competencia comercial y la libertad de expresión en el periodismo televisivo estadounidense.
Fuente: Dw