Washington anunció una nueva ronda de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), marcando una escalada en la confrontación del gobierno de Donald Trump con la justicia internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida prohíbe a entidades estadounidenses realizar cualquier transacción con la CPI, con el objetivo de “defender la soberanía de Estados Unidos” y evitar que el tribunal persiga a ciudadanos americanos. La CPI calificó la decisión como un ataque directo al estado de derecho y a los principios del derecho internacional, advirtiendo que intentará resistir cualquier intento de intimidación. La medida se produce pocas horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en la promoción de la paz y los derechos humanos.
Esta sanción no solo afecta a individuos, sino que apunta a la propia institución, buscando colapsar su capacidad financiera al impedir que compañías estadounidenses le suministren bienes y servicios, desde tecnología hasta operaciones bancarias. Aunque EE.UU. concedió un periodo de gracia de seis meses antes de que algunas restricciones entren en vigor, la presión sobre los 125 Estados miembros de la CPI es evidente. Washington espera que los países aliados negocien una solución que atienda sus preocupaciones, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la describió como “un duro golpe para la justicia penal internacional”.
Varios aliados occidentales, entre ellos Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia, reiteraron su apoyo inquebrantable a la CPI y expresaron su desacuerdo con la medida estadounidense. Señalaron que el tribunal sigue cumpliendo su mandato de juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, y elogió el trabajo del personal que lleva a los acusados ante la justicia y brinda apoyo a las víctimas. La decisión de EE.UU. se enmarca en una larga disputa: el país nunca ha ratificado el Estatuto de Roma y ha acusado al tribunal de estar dominado por “globalistas” que amenazan su soberanía.
Las sanciones podrían tener consecuencias graves para casos pendientes. Expertos advierten que la falta de recursos financieros podría obligar a la CPI a suspender juicios, lo que afectaría a acusados como el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, detenido por supuestas ejecuciones extrajudiciales. Si el tribunal no puede financiar sus procesos, los detenidos podrían ser liberados por imperativo legal, socavando años de esfuerzos internacionales en pro de la justicia. El profesor Ryan Goodman de la Universidad de Nueva York subrayó que la medida representa la crisis más grave en los 24 años de historia del tribunal.
Mientras tanto, Israel y su primer ministro Benjamin Netanyahu celebraron la decisión, calificando a la CPI de “organismo político” que vulnera la soberanía nacional. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, anfitrión del tribunal en La Haya, advirtió que las sanciones amenazarían la operatividad del organismo y podrían obligar a cerrar oficinas clave. La comunidad internacional observa con preocupación cómo esta disputa podría redefinir la relación entre potencias y la justicia global.
En conclusión, la imposición de sanciones por parte de EE.UU. a la Corte Penal Internacional no solo intensifica una confrontación política, sino que pone en riesgo la capacidad del tribunal para llevar a cabo procesos judiciales esenciales. El futuro de la CPI dependerá de la respuesta de sus miembros y de la presión diplomática que logren ejercer sobre Washington para evitar un daño irreversible al sistema de justicia internacional.
Fuente: Bbc