La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvo a cinco integrantes de una organización dedicada a la suplantación de identidad de autoridades federales y estatales. Los arrestados fueron Luis “N”, su esposa Liliana “N”, su hijo Luis Samuel “N”, su hija Aimee de Guadalupe “N” y el escolta Agustín Arturo “N”, todos vinculados a un presunto delito de extorsión que operaba desde Metepec, Estado de México.
Luis “N” había ocupado cargos de alto nivel, como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Su trayectoria en distintas dependencias públicas le permitió conocer a fondo la estructura político‑administrativa de varios gobiernos, lo que facilitó la creación de una red de contactos capaz de obtener datos personales de funcionarios y ciudadanos.
Según la investigación, el grupo utilizaba la información recabada para contactar a sus víctimas mediante mensajes de texto y llamadas a números personales. Con una flota de al menos 19 dispositivos móviles —iPhone, Samsung Galaxy, Motorola y otros—, enviaban solicitudes de pagos bajo la apariencia de autoridades de la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno del Estado de México. La credibilidad se reforzaba al citar datos internos que solo un funcionario podría conocer.
Los antecedentes penales de Luis “N” incluyen peculado y una inhabilitación en Michoacán, pero eso no impidió que continuara con actividades ilícitas. La SSPC señaló que el modus operandi delictivo se basaba en la generación de certeza y confianza, explotando la reputación de los cargos que simulaban ejercer.
Las autoridades localizaron el centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento “La Providencia”, zona exclusiva de Metepec. Allí se reunían para planear las estafas, revisar los dispositivos y coordinar los contactos. La Fiscalía logró rastrear las SIM usadas y vinculó varios números a las denuncias de las víctimas, lo que facilitó la identificación de los responsables.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de información gubernamental y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad digital. Las detenciones representan un paso importante para desarticular redes criminales que se aprovechan del prestigio institucional para obtener beneficios económicos ilegales.
Fuente: Eluniversal