El Gobierno del estado de Veracruz anunció el cierre definitivo de tres Juntas de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en Xalapa, Poza Rica y Córdoba, como parte de una reestructuración del sistema de justicia laboral. La medida, oficializada a través de un decreto publicado el pasado lunes, busca optimizar recursos y centralizar los procesos en las sedes restantes de la entidad. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre los trabajadores que tienen demandas laborales en trámite, pues ahora sus expedientes deberán ser trasladados a otras ciudades, lo que podría alargar los plazos de resolución.
Los sindicatos y organizaciones de derechos laborales manifestaron su inconformidad, señalando que la falta de información clara sobre los tiempos de traslado y los costos asociados podría afectar gravemente a los reclamantes. “Muchos de nosotros no contamos con los recursos para desplazarnos a Veracruz o a Puebla, donde se concentrarán los nuevos juzgados”, advirtió la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado (SUTE). Además, temen que la saturación de las Juntas restantes provoque demoras mayores, lo que iría en contra del principio de acceso rápido a la justicia laboral.
Según la Secretaría del Trabajo del Estado, los expedientes pendientes serán redistribuidos de forma gradual, respetando los principios de continuidad y confidencialidad. Se ha creado una comisión especial para supervisar el proceso de traslado y garantizar que los documentos no se extravíen. No obstante, la falta de un calendario definitivo y la ausencia de recursos para cubrir los gastos de desplazamiento de los trabajadores siguen siendo puntos críticos que requieren solución.
Expertos en derecho laboral coinciden en que la centralización puede tener beneficios a largo plazo, como una mayor especialización de los jueces y una mejor infraestructura tecnológica. Pero advierten que, en el corto plazo, la transición podría generar un “cuello de botella” que ralentice los casos en curso. “Es fundamental que el gobierno implemente medidas de apoyo, como subsidios de transporte y alojamiento, para evitar que los trabajadores queden desamparados”, señaló el profesor de la Universidad Veracruzana, Dr. Luis Hernández.
Mientras tanto, los demandantes que ya han presentado sus casos expresan su frustración ante la incertidumbre. Algunos han iniciado gestiones para presentar sus demandas en otras instancias, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, aunque esto implica costos adicionales y trámites complejos. La presión de la sociedad civil ha llevado a que algunos legisladores propongan una prórroga de los plazos de prescripción para los casos que se encuentren en proceso durante el cierre.
En conclusión, el cierre de las tres Juntas Laborales en Veracruz representa un reto tanto para el poder ejecutivo como para los trabajadores que dependen del sistema judicial para defender sus derechos. La manera en que se gestione el traslado de expedientes y se mitiguen los costos para los demandantes determinará si la medida se percibe como una reforma necesaria o como un obstáculo más para la justicia laboral en la entidad.
Fuente: Diario de Xalapa