El costo de los créditos hipotecarios en México ha alcanzado niveles que muchas familias consideran inalcanzables. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la tasa promedio de interés para un préstamo de vivienda se sitúa alrededor del 12% anual, mientras que el valor promedio de los inmuebles ha subido un 18% en los últimos dos años. Esta combinación de tasas elevadas y precios crecientes reduce considerablemente el poder adquisitivo de los hogares, que ya lidian con la inflación y la devaluación del peso.
En el contexto de la pandemia, el sector inmobiliario experimentó una fuerte demanda, impulsada por la búsqueda de espacios más amplios y la posibilidad de trabajar desde casa. Sin embargo, la escasez de terrenos y la especulación inmobiliaria han encarecido los precios, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los bancos, por su parte, han endurecido los requisitos de crédito, exigiendo mayores ingresos y mejores historiales crediticios, lo que excluye a una parte significativa de la población.
Los expertos en finanzas señalan que la brecha entre los ingresos familiares y los pagos mensuales de una hipoteca se ha ampliado a más del 30%, cifra considerada insostenible por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Además, la inflación de bienes y servicios, que supera el 7% anual, ha erosionado la capacidad de ahorro, dificultando la acumulación del enganche necesario para acceder a un crédito.
Frente a este escenario, organizaciones de la sociedad civil y grupos de consumidores han pedido al gobierno federal que implemente medidas de control de precios y que fomente la construcción de vivienda social. Proponen también la creación de un programa de subsidios cruzados que permita a los hogares de ingresos bajos acceder a tasas de interés más bajas, similar al esquema de “Infonavit” pero con mayores recursos.
Mientras tanto, los bancos argumentan que los altos intereses reflejan el riesgo crediticio creciente y la necesidad de cubrir costos operativos. Aseguran que, sin una regulación más estricta, el sector podría enfrentar una ola de morosidad que afectaría la estabilidad financiera del país. Algunas instituciones están probando productos hipotecarios a tasa fija a 20 años, aunque su disponibilidad sigue siendo limitada.
La situación plantea un reto para la política pública: equilibrar la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda con la estabilidad del sistema financiero. Las decisiones que se tomen en los próximos meses influirán directamente en la capacidad de millones de mexicanos para adquirir su hogar propio, un sueño que se vuelve cada vez más distante.
Fuente: Jornada