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Secretario de la Cámara dice que pagar 12 mil pesos a jubilados es insostenible

por editor
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El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, declaró que mantener el apoyo económico de aproximadamente 12 mil pesos mensuales a los ex‑diputados jubilados resulta “irresponsable e insostenible”. La afirmación surge después de que un grupo de jubilados bloqueara los accesos al Palacio Legislativo en protesta por la falta de pago. Farah explicó que, además de la imposibilidad financiera, la situación está limitada por una demanda laboral interpuesta por los propios jubilados, lo que obliga a la Cámara a esperar una resolución judicial antes de efectuar cualquier nuevo desembolso.

Según el funcionario, la relación contractual con los ex‑diputados terminó al concluir sus mandatos, por lo que no existe una obligación legal que justifique el pago continuo. “Ellos ya no son trabajadores; económicamente es insostenible y jurídicamente estamos impedidos”, subrayó Farah. La demanda, presentada ante la autoridad laboral, busca que se reconozca el derecho a percibir la pensión que, según los jubilados, les corresponde por los años de servicio en la Cámara.

Farah informó que la Secretaría General intentó negociar una solución temporal, ofreciendo cubrir los meses de enero a abril con un total de 50 mil pesos. Los jubilados rechazaron la propuesta, exigiendo el pago inmediato bajo los mismos términos que habían solicitado originalmente. “No es negociación, es una imposición”, calificó el secretario, señalando que la falta de acuerdo rompió cualquier canal de diálogo entre ambas partes.

El contexto financiero es complejo: cada año se suman alrededor de 50 nuevos jubilados, lo que eleva el gasto total de la Cámara. Algunos de los ex‑diputados perciben pensiones netas de 35 mil pesos, cifras que superan con creces el promedio del ISSSTE, que ronda los 17‑18 mil pesos mensuales. Esta disparidad alimenta la percepción de privilegio y genera críticas tanto dentro como fuera del Congreso.

El bloqueo ha generado un efecto colateral: trabajadores, legisladores, periodistas y estudiantes que se encontraban dentro del edificio se vieron obligados a cruzar las rejas de seguridad para salir. La protesta, que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, pone en evidencia la tensión entre la necesidad de controlar el gasto público y la demanda de derechos percibidos por los ex‑diputados.

Mientras tanto, la autoridad laboral debe emitir su pronunciamiento, lo que podría definir si la Cámara debe pagar o no las pensiones solicitadas. La situación mantiene a la opinión pública atenta, pues el debate sobre los privilegios de los políticos y la sostenibilidad fiscal sigue siendo un tema candente en México.

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Fuente: Eluniversal

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