La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un veredicto histórico que reconoce a Myanmar como responsable de genocidio contra la población rohinyá. La decisión, adoptada por nueve votos a seis, marca la primera vez que un Estado es declarado culpable de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948. El fallo reconoce que, entre 2017 y 2018, fuerzas de seguridad y milicias locales asesinaron a al menos 10,000 rohingyas, violaron, torturaron y quemaron aldeas, incluso incinerando a víctimas vivas dentro de sus hogares.
Los refugiados rohingyas, que hoy superan el millón en campamentos de Bangladesh, vieron el anuncio en pantallas públicas mientras esperaban ansiosos. El presidente de la CIJ, el juez Yuji Iwasawa, repasó las pruebas presentadas por Gambia, país que llevó el caso desde 2019 con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica. Las evidencias incluyeron testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales y documentos que mostraron un patrón de violencia sistemática, suficiente para inferir la intención genocida requerida por la Convención.
El alcance del fallo trasciende Myanmar. Al definir con claridad el estándar probatorio para demostrar la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, la CIJ sienta precedente para otros procesos en curso, como la demanda sudafricana contra Israel por supuestos crímenes de genocidio en Gaza. Los abogados de Gambia, entre ellos el reconocido Philippe Sands, advierten que el éxito del caso rohingya abre la puerta a que Sudáfrica presente pruebas bajo los mismos criterios, aunque no garantiza un veredicto similar.
Sin embargo, la sentencia carece de mecanismos de ejecución directa. La Corte ordenó a Myanmar indemnizar a los rohingyas, pero el gobierno birmano ha mostrado resistencia y es poco probable que acepte sin presión internacional. Reino Unido, como presidente del Consejo de Seguridad, ha solicitado una sesión urgente y ha expulsado al agregado de defensa de Myanmar en Londres, aunque la posible vetación de China o Rusia dificulta la adopción de resoluciones vinculantes.
El veredicto también revitaliza el debate sobre la efectividad del derecho internacional en la era de líderes autoritarios como Trump, Putin y Xi. La CIJ recordó que, pese a las tensiones geopolíticas, las normas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial siguen vigentes y pueden sancionar el uso de la fuerza contra civiles.
Para los rohingyas, la decisión representa un reconocimiento tardío de su sufrimiento, pero no garantiza una mejora inmediata en sus condiciones de vida. Los campamentos siguen siendo inseguros y precarios, y la comunidad internacional deberá traducir la sentencia en acciones concretas que aseguren justicia y reparación.
Fuente: Bbc