La reciente publicación de la Jornada destaca el papel fundamental de la pensión para adultos mayores en la lucha contra la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 30% de los hogares encabezados por personas de 65 años o más viven en situación de vulnerabilidad. La asignación de recursos a este sector no solo garantiza un ingreso digno, sino que también dinamiza el consumo interno, generando un efecto multiplicador en la economía local.
El programa de pensiones, conocido como 65 y Pension para el Bienestar, fue implementado en 2020 bajo la administración actual y ha beneficiado a más de 10 millones de adultos mayores. Los recursos provienen del Fondo de Ahorro para el Retiro (FAR) y de la Tesorería de la Federación, lo que ha permitido un desembolso mensual promedio de 2,800 pesos. Este ingreso extra ha permitido a los beneficiarios cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas y servicios de salud.
Expertos en política social señalan que la pensión actúa como un colchón contra choques económicos, especialmente en regiones donde el empleo informal predomina. En estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde la informalidad supera el 70%, la pensión se convierte en la única fuente estable de ingresos para muchas familias. Además, el acceso a este recurso ha reducido la incidencia de la desnutrición y la morbilidad entre la población mayor.
Sin embargo, el programa enfrenta retos importantes. La cobertura aún es incompleta, pues un 15% de los adultos mayores elegibles no están registrados por desconocimiento o falta de documentación. Asimismo, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de la pensión, generando la necesidad de ajustes periódicos. El gobierno ha anunciado un aumento del 5% para 2025, pero críticos advierten que podría no ser suficiente para compensar el alza de precios.
En el plano macroeconómico, la pensión para adultos mayores se ha convertido en un instrumento de política fiscal que busca equilibrar la distribución del ingreso. Al canalizar recursos hacia los sectores más vulnerables, se reduce la brecha de desigualdad y se fortalece la demanda interna, elemento esencial para el crecimiento sostenido. Los analistas coinciden en que, si se mantiene y amplía, el programa podría contribuir a una caída sostenida de la pobreza extrema.
Para garantizar su efectividad, se recomienda mejorar los sistemas de registro y verificación, así como implementar mecanismos de actualización automática vinculados al índice de precios al consumidor. Con una gestión adecuada, la pensión no solo será un alivio inmediato, sino también una herramienta estructural para construir una sociedad más equitativa.
En conclusión, la pensión para adultos mayores se revela como un pilar esencial en la estrategia nacional de reducción de la pobreza. Su impacto trasciende el nivel individual, influenciando la economía regional y nacional. La continuidad y expansión del programa son decisivas para lograr una disminución sostenida de la vulnerabilidad social en México.
Fuente: Jornada