La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que, por mandato del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya puede disponer de forma limitada de los recursos provenientes de sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
El comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, señaló que el procedimiento judicial fue iniciado por el propio Rocha Moya, quien solicitó la suspensión provisional de la medida cautelar que impedía el acceso a dichos fondos. El TFJA, en su Segunda Sala Regional en Sinaloa, concedió la suspensión, permitiendo que el exmandatario reciba los pagos futuros del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, considerados “recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”.
Sin embargo, la resolución no implica un desbloqueo total de todas sus cuentas bancarias. Los recursos que no estén vinculados a esas pensiones, así como cualquier otra operación financiera, continúan sujetos a las restricciones habituales y a la supervisión de la UIF para prevenir posibles actos de lavado de dinero.
La SHCP reiteró su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho a audiencia, al tiempo que enfatizó la necesidad de fortalecer las acciones institucionales contra el uso de recursos de procedencia ilícita. Este mensaje busca tranquilizar a la opinión pública respecto a la transparencia y legalidad del proceso, pese a la polémica que rodea al político.
El caso adquiere mayor relevancia porque, en abril, Rocha Moya fue señalado por autoridades estadounidenses junto a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Aquellas acusaciones, que aún están bajo investigación, han generado presión política y mediática, lo que explica la urgencia de resolver su situación financiera.
Expertos en derecho penal y financiero advierten que la medida de acceso parcial a pensiones es una práctica poco común, reservada para casos donde se busca equilibrar derechos de terceros con la necesidad de asegurar la trazabilidad de fondos potencialmente ilícitos. El fallo del TFJA podría sentar un precedente para futuros procesos similares en México.
Mientras tanto, la UIF continuará monitoreando las transacciones vinculadas a Rocha Moya y cualquier otra persona involucrada en investigaciones de lavado de dinero, reforzando su papel en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país.
Fuente: Eluniversal