Los últimos días del mes de octubre se convirtieron en una tormenta política para Guadalupe Taddei, expresidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE). El escándalo surgió cuando se revelaron contratos multimillonarios adjudicados al empresario Alfredo Hernández Casillas, amigo cercano de la consejera, y se difundieron audios y videos que mostraban una red de sobornos y favores dentro del organismo electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Ante la presión, Taddei sostuvo al menos dos reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, intentando negociar su salida.
Durante esas conversaciones la funcionaria se negó rotundamente a presentar su renuncia, argumentando que figuras clave de Morena, como Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, habían colocado a sus allegados en los puestos directivos del INE. Según fuentes cercanas, Taddei también señaló que Sergio Gutiérrez Luna y otros altos funcionarios estaban al tanto de los actos de corrupción y se habían beneficiado de ellos. “No estoy sola en esto”, repitió la consejera, mientras la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enviaba exigencias de dimisión inmediata respaldadas por pruebas contundentes.
Las pruebas incluían videos grabados por Hernández Casillas en la residencia de Picacho 259, en el Pedregal de la Ciudad de México, donde se mostraban negociaciones de adjudicaciones, entregas de efectivo y fiestas ostentosas organizadas por el empresario. En una de las reuniones, la consejera jurídica de la Presidencia y Taddei intercambiaron insultos y amenazaron con hacer públicas las evidencias. El periodista Roberto Rock informó que se abrió la posibilidad de iniciar una carpeta de investigación contra la entonces consejera.
Frente al fracaso de las negociaciones, la Presidencia envió al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y al subsecretario del Bienestar, Jesús Valencia, como nuevos mediadores entre el 24 y 25 de octubre. Taddei informó a su padrino político, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, que había aceptado separarse del cargo, pero luego cambió de parecer y prometió permanecer para “limpiar” el INE.
El domingo, Delgado y Valencia entregaron un ultimátum: si la renuncia no aparecía en el escritorio de la presidenta al mediodía del lunes, se haría pública y se lanzarían acciones legales contra Taddei. La consejera, según sus allegados, puso como condición que no se difamaran ni judicialmente a sus hijos y que los videos de Picacho 259 permanecieran ocultos.
Finalmente, la presión resultó decisiva. Taddei presentó su renuncia y, tras ello, se trasladó a Sonora y luego a Cananea bajo escolta policial, bajo la protección de Alfonso Durazo. Su salida marca un punto crítico en la crisis de credibilidad del INE y abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la presunta corrupción en los procesos electorales mexicanos.
Fuente: Eluniversal