La población de Coatzacoalcos, Veracruz, se ha movilizado este viernes en una serie de protestas que demandan la suspensión de la ampliación del puerto industrial. Los manifestantes, encabezados por organizaciones civiles y sindicatos locales, alegan que la obra está provocando una disminución drástica del caudal del río Grijalva, lo que afecta el suministro de agua potable a más de 200 mil habitantes. Además, reclaman que las autoridades municipales no han realizado los estudios de impacto ambiental requeridos por la legislación federal.
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel del río ha descendido un 30% en los últimos seis meses, coincidiendo con el inicio de los trabajos de dragado y construcción de nuevos muelles. Expertos en hidrología advierten que la reducción del caudal podría desencadenar sequías prolongadas, poniendo en riesgo la agricultura de la zona y la industria petroquímica que depende del agua para sus procesos. La falta de agua también ha generado problemas en el sistema de saneamiento, provocando brotes de enfermedades gastrointestinales en varios barrios marginales.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha emitido un comunicado en el que asegura que la ampliación del puerto es esencial para impulsar la economía regional y crear cientos de empleos. Sin embargo, reconoció la necesidad de “revisar los estudios de impacto ambiental” y prometió una reunión con los representantes de la sociedad civil para buscar una solución consensuada. Mientras tanto, la empresa responsable del proyecto, Puerto Mex, ha argumentado que cuenta con permisos vigentes y que sus obras cumplen con las normas internacionales de gestión hídrica.
En el centro de la ciudad, los manifestantes bloquearon la avenida principal y colocaron pancartas que leían “Agua para la gente, no para el puerto”. La policía municipal intentó disolver la concentración sin usar la fuerza, pero se registraron varios arrestos por desobediencia civil. Testigos aseguran que la tensión aumentó cuando los trabajadores de la obra intentaron reanudar las labores, lo que provocó enfrentamientos verbales entre ambas partes.
El sector empresarial ha expresado su preocupación por la posible paralización del proyecto, señalando que la inversión supera los 2 mil millones de pesos y que la zona portuaria es un punto estratégico para la exportación de petroquímicos y granos. Por su parte, organizaciones ecologistas han solicitado al gobierno federal que active el mecanismo de consulta previa con las comunidades indígenas que habitan la ribera del Grijalva.
Aún sin una resolución definitiva, la situación ha puesto en relieve la compleja relación entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales en la región. Las autoridades locales prometen abrir una mesa de diálogo la próxima semana, mientras la población sigue exigiendo garantías de suministro hídrico y la protección del medio ambiente.
Fuente: Diariodelistmo