La Generalitat de Cataluña aprobó este mes un proyecto para devolver al Mediterráneo la foca monje (Monachus monachus), una especie que desapareció de la costa catalana hace más de cincuenta años. La iniciativa, impulsada por el secretario de Transición Ecológica Jordi Sargatal, contempla trasladar entre quince y veinte ejemplares cada año desde la colonia de Cabo Blanco, en la costa atlántica de Mauritania y el Sáhara Occidental, a zonas estratégicas como el Cabo de Creus y la isla balear de Cabrera. El objetivo es restablecer una población reproductora que ayude a equilibrar el ecosistema marino y a reducir la vulnerabilidad de la especie, que cuenta con apenas entre 800 y 1.000 individuos a nivel mundial.
El plan se apoya en un marco de cooperación internacional que incluye a Mauritania, Marruecos, España y Portugal, y busca también reforzar poblaciones atlánticas en Canarias y Madeira para favorecer el intercambio genético. Los defensores del proyecto argumentan que la reintroducción de este depredador superior podría mejorar la salud de los bancos de peces, al controlar la sobrepoblación de especies menores y restaurar una cadena trófica que estuvo ausente durante décadas.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia en la costa del Alt Empordà, donde municipios como El Port de la Selva y Cadaqués han puesto sobre la mesa sus temores. Según los pescadores locales, una foca monje adulta puede consumir hasta 30 kilogramos de pescado al día, una cantidad que equiparan con la captura semanal de una embarcación típica. Aunque la cifra representa el consumo máximo estimado y no un promedio científico, la comunidad pesquera teme que la competencia por los recursos marinos ponga en riesgo su sustento y la tradición pesquera que define a la zona.
El Ayuntamiento de Cadaqués también se opone a la instalación de un recinto experimental en la Cala Jugadora, dentro del Parque Natural del Cap de Creus. Las autoridades municipales alertan que la presencia de las focas podría obligar a restringir la navegación, el fondeo y el acceso a pie, afectando a la pesca profesional, al turismo náutico y a los centros de buceo que dependen de la afluencia de visitantes.
Por su parte, la Generalitat mantiene el proyecto en fase preliminar y aún no ha fijado una fecha definitiva para la liberación de los animales. Sargatal ha sugerido explorar alternativas cercanas a Portbou, mientras los ayuntamientos exigen mayor información, participación y garantías económicas para mitigar posibles pérdidas en la actividad pesquera.
El caso ilustra la complejidad de los programas de reintroducción de especies extintas localmente. El hábitat costero ha cambiado drásticamente en medio siglo, y la convivencia entre la fauna recuperada y las actividades humanas requerirá acuerdos que equilibren la conservación con los intereses económicos y culturales de las comunidades costeras.
Fuente: xataka