El Gobierno de España ha revocado parte del borrador de decreto que, a finales de agosto, proponía endurecer las exigencias para los centros de datos. La medida surge después de que la industria de inteligencia artificial advirtiera que normas demasiado restrictivas podrían desviar inversiones a otros países. España, con abundante energía renovable y amplio territorio disponible, se había convertido en un imán para compañías que buscan instalar infraestructura de IA, pero el riesgo de perder esos proyectos motivó el cambio de postura gubernamental.
En la versión original del proyecto, los operadores de centros de datos debían cumplir con estrictos límites de consumo de agua, electricidad y ciberseguridad, además de garantizar que datos y metadatos permanecieran dentro de la Unión Europea. Se pretendía imponer un umbral de potencia de 1 megavatio (MW) a partir del cual se activaban todas esas obligaciones. Sin embargo, la presión de empresas del sector reveló que tal barrera dificultaría la puesta en marcha de instalaciones que aún estaban en fase de planificación.
La nueva propuesta eleva ese umbral a 10 MW, lo que representa una diferencia sustancial. Sólo los centros que superen esa capacidad estarán sujetos a las normas más rigurosas, mientras que los proyectos menores podrán avanzar con requisitos más flexibles. Asimismo, se mantiene la meta de cubrir al menos el 80 % del consumo eléctrico con energía renovable, pero se introduce un periodo transitorio de hasta cinco años para que los centros que no alcancen esa cifra inmediatamente puedan adaptarse.
Otro aspecto importante es la continuidad de los requisitos de soberanía de datos. Los operadores deberán instalar mecanismos de control que impidan el acceso de terceros países a la información, y los centros que manejen datos de entidades públicas o de seguridad nacional seguirán bajo supervisión estricta. El objetivo es equilibrar la atracción de inversión con la protección de la información sensible.
En caso de incumplimiento, la normativa contempla sanciones que pueden llegar a la desconexión de la red eléctrica. Los proyectos que ya cuenten con permisos de operación tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a las nuevas reglas. Esta flexibilidad busca evitar que la regulación se convierta en un obstáculo para la expansión del sector.
La revisión evidencia la dificultad de conciliar metas medioambientales ambiciosas con la competitividad internacional. España pretende seguir siendo un destino atractivo para la IA, sin sacrificar sus objetivos de sostenibilidad y seguridad digital, y espera que la medida incentive nuevas inversiones en infraestructura tecnológica.
Fuente: xataka