Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció este lunes que, tras una reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se acordó iniciar acciones penales contra el exfiscal César Jáuregui Moreno. La medida surge en el contexto del polémico operativo antidroga en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la soberanía y la legalidad de la intervención extranjera. Godoy explicó que la decisión se tomó en su oficina en Hidalgo, donde la gobernadora, a petición suya, presentó la acusación de traición a la patria y delitos del fuero común contra Jáuregui.
Durante la reunión, Campos Galván describió a Jáuregui como un funcionario corrupto, propietario de varios casinos y responsable de una red de prestanombres que habría utilizado para encubrir actividades ilícitas. La fiscalía, por su parte, señaló que la gobernadora aportará información detallada sobre los supuestos establecimientos y los nombres involucrados, lo que permitirá ampliar la investigación y presentar pruebas sólidas ante los tribunales. Asimismo, David Boonne de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECOR), estuvo presente para coordinar los lineamientos de la acusación y garantizar la independencia del proceso.
El caso de Jáuregui Moreno se remonta a 2022, cuando fue designado fiscal general del país y, poco después, se le vinculó a un operativo conjunto con la CIA para desarticular una supuesta organización de narcotráfico en la frontera norte. Aquellas acciones, que incluyeron allanamientos y detenciones sin orden judicial mexicana, fueron denunciadas por varios sectores como una violación a la Constitución y un acto de traición. La nueva acusación de traición a la patria busca sancionar no solo la presunta colusión con agentes extranjeros, sino también el uso de recursos estatales para beneficio personal.
La reacción política ha sido diversa. Mientras la bancada del PAN celebra la iniciativa como un paso firme contra la corrupción, partidos de izquierda y algunos analistas advierten sobre la posible politización del caso y la necesidad de pruebas contundentes. En el Congreso, se espera que se presenten iniciativas para reformar los protocolos de cooperación internacional en materia de seguridad, a fin de evitar futuros episodios similares.
En el plano judicial, la Fiscalía ha solicitado al juzgado correspondiente que se emitan órdenes de captura contra Jáuregui y se confisquen los bienes vinculados a los casinos y a los prestanombres. La defensa del exfiscal, sin embargo, ha anunciado que presentará recursos de amparo, argumentando que la acusación carece de fundamento y que se trata de una persecución política.
El caso sigue abierto y se prevé que en los próximos días se difundan más documentos y testimonios que podrían esclarecer la magnitud de la supuesta red de corrupción. La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos vigilan de cerca el proceso, exigiendo transparencia y el respeto al estado de derecho.
Fuente: Eluniversal