Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció en redes sociales que México no acepta la “interpretación” del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La declaración surge tras la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, quien ante la Tercera Comisión de la Asamblea General defendió que el Estado no consiente ni tolera este delito. Medina Padilla también rechazó la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, argumentando que la medida no corresponde al marco jurídico mexicano.
El gobierno destacó una serie de acciones para combatir la desaparición de personas: el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de fiscalías especializadas y la puesta en marcha de un mecanismo de identificación humana. Además, se señaló la colaboración con un grupo de expertos nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Según la información oficial, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras iniciativas permitieron localizar este año a más de 16,000 personas.
Medina Padilla recordó que, históricamente, la desaparición forzada se vinculó a órdenes de altas esferas del poder, pero afirmó que hoy la mayor parte de los casos son cometidos por organizaciones criminales y, en algunos episodios, por autoridades municipales. Aun así, reconoció que persisten desafíos estructurales y que la investigación y sanción de los responsables siguen siendo una prioridad nacional. “Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras”, subrayó, enfatizando la necesidad de una respuesta integral.
En el foro internacional, México presentó una coordinación “sin precedentes” entre autoridades federales y estatales, con un puesto de mando permanente operando 24 horas al día. La Alerta Nacional de Búsqueda funciona como un centro de mando que centraliza información y recursos para localizar a personas desaparecidas. El país también resaltó su cooperación con naciones como Alemania, España, Noruega y Canadá, así como con organismos como el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro Prodh, organización de derechos humanos, criticó la postura mexicana, señalando que la negativa a reconocer la magnitud del problema dificulta la adopción de medidas extraordinarias. Según el Comité contra la Desaparición Forzada, existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México. La entidad pidió a la comunidad internacional que garantice mecanismos independientes, transparentes y con participación de las víctimas.
A pesar de las tensiones, el gobierno mexicano mantuvo su posición de apertura, diálogo y cooperación internacional, asegurando que la política de búsqueda y atención a desaparecidos continuará. Sin embargo, la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil sigue creciendo, demandando respuestas más contundentes frente a una crisis que afecta a miles de familias en todo el país.
Fuente: Eluniversal