La Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, una reforma que pospone hasta el 1 de abril de 2031 la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que había sido actualizado en 2023. La iniciativa, respaldada por 363 votos a favor y 57 en contra en la votación general, y por 367 a favor y 60 en contra en la particular, fue impulsada por el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, quien argumentó que el aplazamiento busca una implementación ordenada y eficiente, en beneficio de los usuarios de la justicia.
El Código de 2023 pretendía unificar criterios y procedimientos en las 32 entidades federativas, con una fecha inicial de entrada en vigor prevista para el 1 de abril de 2027. Sin embargo, los legisladores consideraron que el plazo resultaba insuficiente para capacitar a jueces, personal judicial y adaptar infraestructura como salas de audiencias orales. Con la nueva fecha, se espera que los tribunales cuenten con el tiempo necesario para formar a sus operadores y adecuar los espacios físicos y tecnológicos requeridos.
César Morena, diputado de Morena, resaltó que la extensión del plazo permitirá que juezas y jueces profundicen en los nuevos procedimientos, unifiquen criterios y ofrezcan una atención más ágil. Además, subrayó la importancia de garantizar la igualdad de condiciones para todas las partes involucradas en un proceso, evitando retrasos que puedan afectar la percepción de justicia en la población.
Por su parte, la bancada del PRI, representada por Emilio Suárez Licona, votó en contra de la reforma, argumentando que cualquier dilación constituye un retroceso para la justicia mexicana. El diputado sostuvo que el retraso “vacía” el sistema judicial y dificulta la resolución pronta de controversias, una postura que refleja la división política en torno a la reforma.
Una vez aprobada en la Cámara, la reforma fue turnada al Senado de la República, donde será discutida y votada en los próximos días. De aprobarse, la nueva normativa entrará en vigor en 2031, marcando un hito en la modernización del proceso civil y familiar en México.
El aplazamiento genera expectativas mixtas: mientras algunos sectores ven una oportunidad para una transición cuidadosa, otros temen que la postergación prolongue la incertidumbre y los cuellos de botella en los tribunales. La decisión del Senado será crucial para definir el rumbo del sistema judicial mexicano en la próxima década.
Fuente: Eluniversal