Las entrevistas ministeriales incorporadas al expediente penal 408/2026 de la Fiscalía General de la República, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, permitieron emitir una orden de aprehensión por traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Según las constancias y los peritajes forenses a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la estructura de justicia de Chihuahua organizó un campamento táctico en el rancho El Pinal con la participación directa de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, actuando al margen de la normativa federal mexicana.
Los testimonios de los propios agentes que operaron en el sitio confirman que los oficiales estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fueron simples observadores, sino integrantes activos de la célula armada. El agente mexicano Ricardo Faustino Campos Ocón declaró bajo juramento que los extranjeros, al ser instruidos para guiar dos unidades de escolta, hablaban en inglés y salieron del convoy directamente desde la cochera de la fiscalía en la capital de Chihuahua.
Por su parte, el policía del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Martín Abad Leal Tapia, afirmó que los agentes norteamericanos portaban armas largas, usaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas y coordinaban sus acciones con el director de la AEI. Las cámaras de vigilancia captaron a dos hombres encapuchados y a un tercer individuo de tez blanca y estatura alta, coincidente con la descripción de la célula extranjera.
El dictamen de la Policía Federal Ministerial en Criminalística de Campo, firmado por la licenciada Araceli Bravo González el 11 de septiembre de 2026, concluye que el operativo careció de cualquier fundamento legal. No existía carpeta de investigación ni diligencia que justificara la presencia de la CIA, por lo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo calificó como abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
Documentos adicionales revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó de la planeación, limitándose a proveer “seguridad periférica” a solicitud de la fiscalía local. Asimismo, peritajes informáticos demostraron que el vehículo Volkswagen Jetta rentado por el agente de la CIA permaneció bajo resguardo de la fiscalía durante todo el despliegue, y que se intentó ocultar la presencia de la CIA tras la explosión de una pick‑up del director de la AEI.
Estas revelaciones ponen en entredicho la soberanía y la legalidad de operaciones conjuntas entre autoridades mexicanas y agencias extranjeras, generando presión para que el Congreso y la Fiscalía inicien investigaciones exhaustivas y se apliquen sanciones a los responsables.
Fuente: Eluniversal