Un juez de control del estado de Chihuahua emitió una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, por el delito de falsedad ante autoridades con agravante. La medida forma parte de la causa penal 3055/2026, tramitada ante la primera instancia del Tribunal Superior de Justicia. A diferencia de su compañero César Jáuregui, quien ya fue detenido, Zuany no aparece en el Registro Nacional de Detenciones y se considera prófugo.
El caso se remonta al operativo del 17 de abril en la Sierra Tarahumara, donde agentes de la Agencia Criminal de Inteligencia (CIA) desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetaminas en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Durante la acción, dos miembros de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y un oficial de seguridad del director fallecieron al perder el control del vehículo en un camino de terracería de baja visibilidad, cayendo al barranco de la carretera Chihuahua‑Ciudad Juárez.
Tras el operativo, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Jáuregui de omisión en la cadena de mando e incumplimiento de protocolos, lo que llevó a su captura el pasado 18 de abril. En la resolución judicial, el ministerio público debe gestionar la orden de captura contra Jáuregui, ya detenida, y contra Zuany Portillo, señalado como coautor del ejercicio ilegal del servicio público junto al exfiscal.
Las autoridades señalan que Zuany habría colaborado en la falsificación de documentos y en la manipulación de la cadena de custodia del laboratorio, dificultando la investigación. La falta de su localización ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que exigen mayor transparencia y rapidez en los procesos judiciales contra funcionarios involucrados en casos de seguridad pública.
El operativo de la CIA, aunque exitoso en la destrucción del laboratorio, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los caminos rurales y la necesidad de protocolos más estrictos para el traslado de personal y evidencia. El accidente que cobró la vida de varios agentes ha reavivado el debate sobre la capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad en zonas de difícil acceso.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la búsqueda de Zuany Portillo y ha solicitado la colaboración de la policía federal y estatal para su captura. De encontrarse, enfrentará una pena que puede superar los diez años de prisión, según la legislación penal mexicana para delitos de falsedad agravada.
El caso sigue bajo la lupa de la opinión pública y de los medios, que esperan que la justicia actúe con celeridad para evitar la impunidad entre funcionarios de alto rango.
Fuente: Eluniversal