La reciente publicación de la Comisión Nacional del Sistema de Pensiones (CONSAP) advierte que el sistema de jubilación en México se encuentra bajo una presión sin precedentes. Según el informe, la combinación de una tasa de natalidad en descenso y una elevada proporción de trabajadores informales está reduciendo la base de cotizantes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas.
En los últimos veinte años, la natalidad ha caído de 2.5 hijos por mujer a menos de 1.8, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este fenómeno demográfico implica menos futuros contribuyentes al sistema de seguridad social, mientras que la población envejecida sigue creciendo. El número de personas mayores de 65 años se prevé que aumente un 70% para 2050, elevando la demanda de pensiones en un contexto de menores ingresos tributarios.
Paralelamente, la informalidad laboral se mantiene en torno al 57% del empleo total, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Los trabajadores informales, al no estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no aportan cotizaciones al fondo de pensiones. Esta brecha se traduce en una reducción del flujo de recursos que el sistema necesita para pagar pensiones actuales y futuras.
Los analistas financieros alertan que, de no tomarse medidas correctivas, el déficit proyectado podría alcanzar los 1.2 billones de pesos para 2035. Entre las propuestas están la ampliación de la cobertura del seguro social mediante incentivos a la formalización, la revisión de la edad de jubilación y la implementación de planes de pensión privados complementarios. El gobierno ha anunciado un programa piloto de afiliación automática para trabajadores informales, pero aún no se han definido los detalles operativos.
El debate también incluye la necesidad de fomentar la natalidad mediante políticas de apoyo familiar, como subsidios de guardería, licencias parentales ampliadas y beneficios fiscales. Sin embargo, expertos señalan que estas medidas requieren de un presupuesto adicional que compite con otras prioridades de gasto público.
En conclusión, la combinación de una población que envejece rápidamente y una fuerza laboral predominantemente informal constituye un reto estructural para el sistema de pensiones mexicano. La solución demandará una coordinación entre políticas de empleo, salud familiar y reforma del sistema previsional para garantizar una jubilación digna a futuras generaciones.
Fuente: Jornada