Una nueva concentración ciudadana reunió a aproximadamente diez mil personas en la capital jalisciense, quienes demandan la revocación del gobernador Enrique Alberto Lemus. La marcha, organizada por colectivos ambientalistas y ciudadanos afectados, se centró en la crisis del suministro de agua sucia que ha golpeado a varios municipios del estado durante los últimos meses.
Los manifestantes portaron pancartas que denunciaban la falta de infraestructura adecuada y la supuesta negligencia del gobierno estatal en la gestión del recurso hídrico. Según los organizadores, más de 300 mil habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara han recibido agua con altos niveles de contaminantes, lo que ha provocado enfermedades gastrointestinales y ha generado preocupación en hospitales locales.
Autoridades municipales y estatales intentaron calmar la situación anunciando un plan de emergencia que incluye la instalación de plantas de tratamiento temporales y la distribución de agua embotellada. Sin embargo, los participantes de la marcha consideran que estas medidas son insuficientes y que el problema radica en la falta de una política hídrica integral y en la corrupción de contratos de obra pública.
Durante el recorrido, los organizadores presentaron una lista de diez demandas, entre ellas la destitución inmediata de Lemus, la auditoría independiente de los recursos destinados a la obra de la presa El Trébol y la creación de un organismo autónomo que supervise la calidad del agua. La petición de revocación se sustenta en la Constitución del Estado, que permite iniciar un proceso de juicio político cuando el mandatario incurre en graves faltas.
El gobernador Lemus, a través de su oficina de prensa, respondió que la situación está bajo control y que se están tomando “medidas estructurales” para garantizar el acceso a agua potable. Añadió que la protesta es “politizada” y que busca desestabilizar su gestión, sin reconocer la gravedad de los reportes de contaminación.
Expertos en recursos hídricos advierten que la crisis no se resolverá con acciones puntuales y que es necesario invertir en la modernización de la red de distribución, así como en la vigilancia de fuentes subterráneas. La presión social podría acelerar la implementación de reformas, pero también corre el riesgo de generar mayor polarización política en Jalisco.
Mientras tanto, la ciudadanía de Guadalajara sigue demandando respuestas concretas y la garantía de un servicio básico digno. La marcha concluyó con la firma de un documento que será entregado al Congreso del Estado, marcando un nuevo capítulo en la lucha por el derecho al agua limpia en la región.
Fuente: Jornada