El caso de la doctora Cristina Ramos, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la unidad de Bienestar, ha encendido la controversia nacional tras la publicación de su despido en redes sociales. Ramos, quien había sido encontrada sin vida el pasado 23 de septiembre en la ciudad de Veracruz, fue víctima de feminicidio, según confirmaron las autoridades locales. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, pero lo que ha generado mayor revuelo es la forma en que el IMSS anunció su salida del puesto, mediante un mensaje institucional en Facebook que omitió cualquier referencia al homicidio y se limitó a indicar que la trabajadora había concluido su relación laboral.
Esta forma de comunicar ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas como una “deshumanización” de la víctima. Expertos en comunicación institucional señalan que la ausencia de empatía y la falta de información clara pueden percibirse como una estrategia para evadir responsabilidad o minimizar la gravedad del hecho. En contraste, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación por feminicidio, y el caso ya se encuentra bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El contexto del feminicidio en México sigue siendo alarmante: en 2023 se registraron más de 1,000 casos de violencia extrema contra mujeres, y la impunidad sigue siendo un problema estructural. La muerte de la doctora Ramos se suma a una lista de profesionales de la salud que han sido atacados mientras ejercían su labor, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de este sector ante la violencia de género.
Ante la polémica, el director de Bienestar, Dr. José Luis Hernández, emitió un comunicado aclarando que el mensaje original buscaba informar sobre la reestructuración del personal y no pretendía ofender a la familia de la fallecida. Sin embargo, la comunidad médica y los familiares de Ramos exigen una disculpa pública y la revisión de los protocolos de comunicación interna del IMSS.
Organizaciones como la Red Nacional de Mujeres y el Observatorio de Violencia de Género han pedido al gobierno federal que garantice una investigación exhaustiva y que se implementen medidas de protección para el personal de salud, especialmente mujeres, en todo el país. Asimismo, solicitan que las instituciones públicas adopten prácticas de comunicación que respeten la dignidad de las víctimas.
Mientras tanto, la familia de la doctora Ramos ha anunciado que llevará el caso ante la justicia y que no descansará hasta que los responsables del feminicidio sean sancionados. La sociedad civil sigue observando con atención cómo se desarrollan los procesos judiciales y la respuesta institucional a una de las problemáticas más graves de México: la violencia contra las mujeres.
Fuente: Diariodelistmo