La Cámara de Senadores aprobó esta semana la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que ahora se dirige al Ejecutivo federal. La norma busca digitalizar el registro de inmuebles, crear la Clave Única Catastral (CUC) y unificar criterios entre municipios y autoridades federales. Sin embargo, expertos inmobiliarios advierten que la actualización de los valores catastrales podría traducirse en un incremento significativo del impuesto predial para la mayoría de los propietarios.
Leonardo González, especialista en vivienda, señala que el catastro mexicano muestra, en promedio, solo el 40 % del valor real de los inmuebles. “Ese desfase genera una recaudación muy baja; el predial aporta apenas 0.2 % del PIB, mientras que en la OCDE llega a 1.9 %”, explicó. La reforma pretende cerrar esa brecha, pero al elevar los valores catastrales, la boleta predial podría duplicarse para algunos contribuyentes, aunque la ley no menciona un aumento directo del impuesto.
Otro punto crítico es la nueva atribución a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La entidad pasará a administrar la Plataforma Nacional Catastral, con facultades para desarrollar, operar y difundir la información de cada bien inmueble. Si bien esta medida promete mayor eficiencia y combate al lavado de dinero, los analistas advierten sobre riesgos de seguridad: la base de datos contendrá nombres, direcciones y valores de propiedades, información que podría ser vulnerada por actores políticos o el crimen organizado.
Fernando Soto, también del sector inmobiliario, coincide en que la reforma es necesaria por la escasa recaudación del predial, pero advierte que el impacto fiscal será percibido como una carga adicional para los hogares. “Una familia con una casa valorada en un millón de pesos podría ver su impuesto incrementarse hasta en un 100 % tras la actualización”, puntualizó.
Los críticos exigen que los recursos obtenidos se destinen a mejoras urbanas: alumbrado, agua, drenaje y seguridad en los municipios, en lugar de financiar programas sociales o megaobras de baja prioridad. La legislación incluye la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR), que vinculará datos físicos y jurídicos del catastro con el Registro Público de la Propiedad, facilitando la localización y regularización de inmuebles.
En resumen, la nueva ley representa un paso hacia la modernización del registro inmobiliario mexicano, pero su puesta en marcha generará un debate sobre la equidad tributaria y la protección de datos personales. El gobierno deberá equilibrar la necesidad de mayores recursos con la transparencia y la seguridad de la información para evitar consecuencias políticas y sociales indeseables.
Fuente: Eluniversal