El pasado viernes en la localidad de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, autoridades estatales anunciaron la captura del presidente de la Coordinación de Agricultores y Trabajadores del Estado de México (CATEM), quien había encabezado una manifestación contra la ampliación de una carretera estatal. Según el Gobierno del estado, el dirigente fue detenido por presunto delito de alteración del orden público y resistencia a la autoridad, cargos que la organización sindical rechaza y califica de persecución política.
La protesta, que reunió a alrededor de 300 campesinos y trabajadores agrícolas, se realizó frente al edificio de la Secretaría de Desarrollo Rural. Los manifestantes exigían la suspensión del proyecto de obra, argumentando que la obra afectaría cultivos de maíz y caña de azúcar, y que no se había consultado a la comunidad. En medio de la marcha, la policía estatal intervino para dispersar a los aglomerados, lo que derivó en enfrentamientos y el arresto del líder de la CATEM, identificado como José Luis Hernández.
Testigos afirman que la detención se llevó a cabo de manera abrupta, sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa. “Nosotros solo queríamos que escucharan nuestras demandas, pero en vez de dialogar, nos arrestaron y nos dejaron sin información”, declaró María González, una de las agricultoras presentes. La organización CATEM emitió un comunicado denunciando la acción como una violación a los derechos humanos y solicitó la liberación inmediata de su dirigente, además de exigir una investigación independiente.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sostuvo que la detención fue legal y que se respetaron los procedimientos judiciales. “No toleraremos actos que pongan en riesgo la seguridad y el orden en nuestro estado. Las autoridades actuaron conforme a la ley”, afirmó en una rueda de prensa. Asimismo, indicó que se abrirá una investigación interna para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores. Organizaciones de derechos humanos locales y nacionales han pedido al gobierno federal que intervenga para proteger la libertad de expresión y asociación. Mientras tanto, la comunidad de Ixhuatlán del Sureste permanece dividida entre quienes apoyan la obra por considerarla necesaria para el desarrollo y quienes temen el impacto ambiental y económico en la zona.
En los próximos días se esperan nuevas decisiones judiciales y posibles manifestaciones adicionales. La situación pone de relieve la tensión entre proyectos de infraestructura y los derechos de los sectores rurales, un tema recurrente en la agenda política mexicana que podría influir en futuras políticas de desarrollo y consulta comunitaria.
Fuente: Diariodelistmo