En una ceremonia celebrada este martes en la capital del estado, los gobernadores de ocho entidades mexicanas firmaron el “Pacto Ético por la Transformación y la República”, un acuerdo que busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
El pacto, impulsado por la sociedad civil y avalado por la Secretaría de la Función Pública, establece una serie de compromisos: publicación en tiempo real de los presupuestos, auditorías independientes trimestrales y la creación de canales digitales para que la ciudadanía denuncie irregularidades sin temor a represalias.
Los firmantes, entre los que se encuentran los gobernadores de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, señalaron que la iniciativa responde a la creciente demanda de la población por gobiernos más honestos y eficientes. “No basta con prometer, hay que demostrar con hechos concretos”, afirmó el gobernador de Veracruz, quien encabezó la firma del documento.
Expertos en gobernanza consideran que el pacto podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en México. Según Ana María López, analista del Instituto de Estudios Políticos, la clave está en la implementación de auditorías externas y la participación activa de la sociedad civil, pues sin vigilancia ciudadana los compromisos pueden quedar en papel.
Sin embargo, críticos advierten sobre posibles dificultades operativas. Señalan que la falta de recursos tecnológicos en algunos estados y la resistencia de ciertos funcionarios podrían retrasar la puesta en marcha de los mecanismos acordados. Para mitigar estos riesgos, el pacto incluye un fondo de 150 millones de pesos destinado a la capacitación de servidores públicos y la modernización de sistemas informáticos.
El acuerdo también contempla la creación de un observatorio nacional que monitoree el cumplimiento de los compromisos y publique reportes semestrales accesibles al público. Este observatorio será coordinado por la Secretaría de la Función Pública y contará con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales.
Con la firma del pacto, los gobiernos estatales buscan no solo mejorar la percepción ciudadana, sino también atraer inversión al demostrar un entorno de negocios más seguro y predecible. La expectativa es que, en los próximos dos años, los indicadores de transparencia y confianza institucional muestren avances significativos, sentando las bases para una transformación profunda de la República.
Fuente: Diario de Xalapa