En plena ola de calor que azotó a la capital madrileña a finales de mayo, un residente del barrio de Garrido, en Salamanca, decidió instalar una piscina de dos metros cúbicos en el patio de luces de su edificio. La medida, que parece sacada de una película cómica, despertó la alarma de los vecinos de la calle Fernández Nieto 6-8, quienes notificaron al Servicio de Urbanismo el 28 de mayo. El inmueble, construido en 1967, cuenta con cuatro plantas bajo tierra y, según el expediente, no dispone de espacios comunes libres, lo que hizo que la aparición del depósito de agua fuera aún más sorprendente.
La piscina, aunque catalogada como portátil, llegó a contener alrededor de 2.000 litros de agua, equivalentes a 2.000 kilos más el peso de la estructura y la lona, superando los 2.100 kg. Esa carga representa una sobrecarga de más de 500 kg por metro cuadrado, muy por encima del límite de 200 kg establecido por el Código Técnico de la Edificación. El problema no era solo estructural; bajo el patio se encontraban los garajes, y los residentes temían que el peso del agua convirtiera los espacios de aparcamiento en zonas inundables.
El Ayuntamiento de Salamanca intentó notificar al responsable en dos ocasiones durante septiembre, sin éxito. Ante la falta de respuesta, el 16 de septiembre publicó un requerimiento en el Boletín Oficial del Estado, una medida poco convencional pero legalmente válida para intentar localizar al autor. Sin embargo, la publicación no ha dado resultados y la investigación sigue abierta, dejando en el aire la posibilidad de una sanción administrativa que podría ascender a varios miles de euros.
La dificultad para identificar al culpable radica en que el patio de luces no pertenece a un propietario concreto, sino a la comunidad en su conjunto. Según la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 7.2 prohíbe actividades que resulten dañinas o peligrosas para la finca, pero no menciona específicamente la instalación de piscinas. La normativa considera que, a tan solo 50 centímetros de profundidad, el agua ya ejerce una presión de 500 kg por metro cuadrado, lo que justifica la posible sanción urbanística.
Mientras tanto, el informe municipal ha solicitado a los vecinos que desmonten la piscina cuanto antes. La comunidad que presentó la denuncia pasó de ser denunciante a encargarse del desmantelamiento, y según fuentes locales, la estructura ya habría sido retirada. El caso pone de relieve la necesidad de respetar las normas de construcción, incluso en situaciones de calor extremo.
Este episodio, que combina ingenio improvisado y burocracia, sirve de recordatorio de que las soluciones temporales como ventiladores, duchas frías o piscinas municipales son opciones más seguras y legales que convertir un patio de luces en una piscina improvisada.
Fuente: xataka