Los habitantes de Tierra Blanca, Veracruz, intensificaron este lunes sus reclamos a las autoridades locales y federales para que se establezca una vigilancia ambiental estricta y se garantice seguimiento médico a los afectados por una alarmante ola de enfermedad renal crónica. La comunidad, que ha sufrido un aumento de casos vinculados a la exposición a contaminantes industriales, recordó la labor de la científica que, durante el último año, documentó fallecimientos, pacientes en diálisis y trasplantes, al visitar más de 800 hogares.\n\nEl diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en una prioridad de salud pública en la zona, pues los datos recabados indican que al menos 120 residentes padecen la enfermedad, y 35 requieren terapia de diálisis permanente. Las familias denuncian la falta de infraestructura sanitaria adecuada y la ausencia de programas de detección temprana, lo que agrava el pronóstico de los pacientes. “Necesitamos que el gobierno actúe ya, no solo con palabras, sino con recursos concretos para limpiar el agua y atender a los enfermos”, afirmó María González, presidenta del comité vecinal.
Las autoridades del municipio de Tierra Blanca han respondido que se está trabajando en la instalación de estaciones de monitoreo de calidad del aire y del agua, y que se coordinará con la Secretaría de Salud para crear un programa de atención integral. Sin embargo, los líderes comunitarios consideran que las medidas son insuficientes y exigen la creación de un comité de vigilancia independiente, con participación de expertos en toxicología y salud ambiental.
El caso de Tierra Blanca ha llamado la atención de organizaciones no gubernamentales y de la Comisión Nacional de Protección al Medio Ambiente, que han solicitado un estudio exhaustivo de los posibles contaminantes presentes en los cuerpos de agua locales, entre ellos metales pesados y compuestos químicos industriales. La comunidad teme que la falta de regulación haya permitido la descarga ilegal de desechos tóxicos por parte de fábricas cercanas.
Mientras tanto, los pacientes con ERC enfrentan dificultades para acceder a tratamientos de diálisis, ya que los centros de salud de la región están saturados. Algunos han tenido que trasladarse a la capital del estado, Veracruz, lo que implica gastos de transporte y pérdida de ingresos. La comunidad ha organizado campañas de recaudación de fondos y ha solicitado la intervención del Instituto Mexicano del Seguro Social para ampliar la capacidad de los centros de diálisis.
En conclusión, la presión de Tierra Blanca pone de relieve la necesidad de una política pública que combine control ambiental riguroso con atención médica accesible. La población espera que las promesas se traduzcan en acciones concretas, pues la salud de cientos de familias depende de una respuesta eficaz y oportuna.
Fuente: Diario de Xalapa