Los diputados del Congreso de la Unión dieron su voto favorable a la Ley General de Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una norma que busca modernizar el sistema de información sobre inmuebles en México. La iniciativa, presentada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fue aprobada con la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados, marcando un paso importante hacia la unificación de bases de datos catastrales y registrales que hasta ahora operan de forma fragmentada.
Según los legisladores, la nueva ley permitirá integrar los registros de la propiedad con los catastros municipales y estatales, reduciendo solapamientos y errores en la información. Con ello se espera facilitar la emisión de certificados de dominio, simplificar trámites de compra‑venta y dar mayor certeza jurídica a propietarios y compradores. La medida también contempla la actualización digital de los datos, lo que reducirá la dependencia de archivos físicos y mejorará la transparencia.
El proyecto incluye la creación de un Registro Único Nacional de la Propiedad, que reunirá información de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Catastro Federal. Además, se establecerán normas técnicas para la captura de datos georreferenciados, lo que permitirá elaborar mapas precisos de la tenencia de suelo y detectar posibles conflictos de uso de la tierra. Estas herramientas serán útiles tanto para autoridades locales como para inversionistas y desarrolladores inmobiliarios.
Expertos en derecho inmobiliario y urbanismo han señalado que la armonización catastral‑registral es clave para impulsar proyectos de vivienda social y desarrollo urbano sostenible. Al contar con información confiable, los gobiernos estatales podrán diseñar políticas de uso de suelo más eficientes y orientar mejor los programas de regularización de la tenencia, especialmente en zonas rurales y en asentamientos informales.
Sin embargo, la implementación de la ley enfrentará retos significativos. Se requerirá una inversión considerable en tecnología, capacitación de personal y actualización de los sistemas existentes. Asimismo, la coordinación entre distintos niveles de gobierno—federal, estatal y municipal—deberá ser estrecha para evitar duplicidades y asegurar la calidad de los datos.
Los legisladores han señalado que la norma entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, periodo durante el cual se establecerán los lineamientos operativos y se asignarán recursos presupuestarios. La expectativa es que, en los próximos años, el país cuente con un catastro y registro de la propiedad más ágil, confiable y accesible para la población.
Con esta reforma, México busca alinearse con estándares internacionales en materia de gestión de tierras, reduciendo la informalidad y fomentando la inversión. La iniciativa, aunque ambiciosa, representa un avance significativo en la modernización del marco jurídico inmobiliario del país.
Fuente: Jornada