La Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Combate a la Corrupción, dio a conocer este lunes que ha detectado un fraude millonario en el programa de becas Benito Juárez. Según el informe, se desviaron 592.3 millones de pesos, una cifra que supera los recursos asignados a la ayuda estudiantil en varios estados del país. La investigación señala que los recursos fueron canalizados mediante empresas fantasma y documentos falsificados, lo que permitió que los fondos llegaran a personas que no cumplían con los requisitos académicos ni socio‑económicos del programa.
El programa de becas Benito Juárez, creado en 2019, tiene como objetivo apoyar a estudiantes de escasos recursos en niveles de educación media superior y superior. Desde su lanzamiento, ha beneficiado a más de 2 millones de jóvenes, pero también ha sido blanco de críticas por supuestos desvíos y falta de transparencia. La reciente detección de irregularidades pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y auditoría del programa, que hasta ahora dependían en gran medida de la rendición de cuentas de las instituciones educativas.
Los investigadores de la Secretaría de Anticorrupción describen una red de complicidad que involucró a funcionarios de distintas dependencias, directores de escuelas y empresarios vinculados al sector de la construcción. Estos últimos habrían recibido pagos a cambio de la aprobación de becas a estudiantes inexistentes o falsos, generando un esquema de lavado de dinero que se mantuvo durante al menos dos años. Las autoridades señalaron que se utilizó el sistema informático del programa para alterar datos y ocultar la verdadera destinación de los recursos.
Como respuesta, el gobierno federal ha anunciado la suspensión temporal de la convocatoria de becas Benito Juárez mientras se revisan los procesos de asignación y se realizan auditorías exhaustivas. Además, se ha pedido la colaboración de la Fiscalía General de la República para iniciar procesos penales contra los involucrados. La Secretaría de la Función Pública también ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para evaluar los daños y proponer reformas estructurales.
Expertos en política social advierten que el escándalo podría afectar la confianza de la población en los programas de apoyo estatal, especialmente en un contexto de alta inflación y dificultades económicas. La pérdida de recursos destinados a la educación podría agravar la brecha educativa y limitar las oportunidades de los jóvenes más vulnerables. Por ello, la sociedad civil ha pedido mayor participación ciudadana en la supervisión de los fondos públicos.
Mientras tanto, la Secretaría de Anticorrupción continuará con la recolección de pruebas y la identificación de los responsables, prometiendo una rendición de cuentas pública en los próximos meses. El caso se suma a una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a la administración actual, reforzando la presión para que se implementen reformas profundas en la gestión de los recursos federales.
Fuente: Jornada