La Cámara de Diputados aprobó, con 299 votos a favor y 92 en contra, la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La iniciativa, que ya cuenta con la mayoría requerida, fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En una reserva presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena), se incorporó un párrafo al artículo 5 que especifica la colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades catastrales y registrales, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La medida busca que el INEGI aporte datos técnicos y objetivos para mejorar la identificación de inmuebles y la vinculación entre catastro y registros de propiedad.
Segura Trejo explicó que la coordinación permitirá la creación de una “Cédula Única de Catastro y Registro”, herramienta que reducirá duplicidades, agilizará la actualización de datos y reforzará la trazabilidad de actos jurídicos y administrativos vinculados a los bienes inmuebles. Según la legisladora, contar con información precisa es esencial para orientar recursos y definir prioridades en los diferentes territorios del país.
El INEGI, por su parte, aportará información derivada de censos y sistemas de información geográfica, lo que facilitará el diagnóstico de la realidad territorial y la capacidad operativa de los catastros municipales. Esta cooperación técnica pretende cerrar brechas existentes entre la información catastral y los registros públicos, mejorando la certeza jurídica para propietarios y autoridades.
Los críticos de la iniciativa argumentan que la inclusión del INEGI podría generar retrasos burocráticos y costos adicionales para los gobiernos locales. Sin embargo, la mayoría de los legisladores consideran que la sinergia entre ambas instituciones es clave para modernizar el marco registral y evitar fraudes en la compraventa de inmuebles.
Con la aprobación en el pleno, la propuesta avanza a la siguiente etapa legislativa. De ser ratificada por el Senado y publicada, la nueva ley entrará en vigor en los próximos años, marcando un hito en la modernización del catastro mexicano y en la seguridad jurídica del sector inmobiliario.
Fuente: Eluniversal