La madre de los gemelos que fueron procesados por el tiroteo ocurrido en la Secundaria General Ignacio Allende de Torreón, Coahuila, quedó sin trabajo tras la decisión de su empleador. El hecho, que conmocionó a la comunidad educativa el pasado 21 de septiembre, dejó a los menores bajo custodia del Ministerio Público mientras se investigan los motivos del ataque. La mujer, identificada como María del Rosario Hernández, había sido empleada como operadora de centro de llamadas en una empresa de servicios financieros durante más de ocho años.
Según declaraciones a la prensa, la empresa alegó que la baja se debió a una reestructuración interna y a la supuesta falta de desempeño, aunque Hernández asegura que su despido está directamente relacionado con la exposición mediática del caso. “No tuve nada que ver con lo que pasó, pero la empresa me vio como un riesgo de imagen y me despidió”, afirmó la madre, quien también está luchando por la custodia de sus hijos mientras se resuelven los procesos penales.
El ataque en la escuela dejó un saldo de dos muertos y varios heridos, entre ellos los gemelos de ocho años, que fueron hallados inconscientes en el patio trasero del plantel. Las autoridades locales confirmaron que los menores fueron trasladados al Hospital General de Torreón, donde permanecen bajo observación. El Procurador General del Estado, Juan Carlos García, indicó que se están revisando los antecedentes de los agresores y que se reforzarán los protocolos de seguridad en instituciones educativas.
El caso ha reavivado el debate sobre la violencia escolar en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención. Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva sobre el despido de Hernández, argumentando que la medida vulnera sus derechos laborales y el principio de presunción de inocencia. Por su parte, el sindicato de trabajadores del sector privado solicitó al Ministerio de Trabajo que intervenga para proteger a la madre mientras se esclarecen los hechos.
En el ámbito local, el alcalde de Torreón, Eduardo Pérez, expresó su solidaridad con la familia y anunció la creación de un programa de apoyo psicológico para los estudiantes y docentes afectados. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) declaró que revisará los protocolos de seguridad en todas las escuelas del estado para evitar incidentes similares.
Mientras tanto, la empresa que despidió a Hernández ha emitido un comunicado en el que asegura que la decisión se tomó conforme a la normativa interna y que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación laboral. La madre, por su parte, ha presentado una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscando la reinstalación en su puesto y una indemnización por despido injustificado. La resolución de este conflicto laboral podría sentar un precedente importante para casos similares en el país.
Fuente: Jornada