Los empleados de la sede federal en Coatzacoalcos presentaron una denuncia formal contra varios magistrados, alegando que fueron objeto de acoso laboral y de un presunto esquema de favoritismo en la asignación de casos. Según el documento presentado ante la Fiscalía de la República, los trabajadores describen situaciones de hostilidad verbal, presión para cumplir metas imposibles y la exclusión de aquellos que no comparten la visión de los jueces. Además, señalan que ciertos abogados y litigantes recibían un trato preferencial, lo que habría distorsionado la impartición de justicia en la región.
El caso salió a la luz tras una reunión interna del personal judicial, donde varios empleados decidieron romper el silencio y acudir a las autoridades. La denuncia incluye testimonios de al menos doce funcionarios, entre secretarios, analistas y personal de apoyo, quienes afirman haber sido intimidados por los magistrados para no reportar irregularidades. Los acusados, que forman parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, niegan cualquier irregularidad y aseguran que sus decisiones se basan exclusivamente en la normativa vigente.
Expertos en derecho laboral y en la organización del Poder Judicial consideran que la acusación, de confirmarse, podría desencadenar una investigación interna profunda y la posible remoción de los jueces involucrados. “El acoso y el favoritismo atentan contra la independencia judicial y la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, señaló la profesora de derecho constitucional de la Universidad Veracruzana, Ana María López. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido una revisión exhaustiva y la garantía de protección a los denunciantes, temiendo represalias.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha abierto una carpeta de investigación y ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública que evalúe las condiciones laborales en la sede de Coatzacoalcos. La autoridad judicial también ha convocado a una audiencia preliminar para determinar si existen elementos suficientes para proceder contra los magistrados. El proceso podría tardar varios meses, pero ya ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica del estado.
En el ámbito local, sindicatos y asociaciones de empleados públicos han exigido la creación de un comité independiente que supervise el cumplimiento de los derechos laborales dentro del Poder Judicial. La presión social se ha intensificado después de que medios de comunicación regionales empezaran a cubrir la historia, lo que ha puesto en el foco la necesidad de reformas estructurales para evitar la impunidad.
Si bien la investigación está en sus primeras etapas, el caso pone de relieve la fragilidad de los mecanismos de control interno en el sistema judicial federal. La resolución de estas acusaciones será observada de cerca por otras sedes del país, que podrían enfrentar situaciones similares. La expectativa es que, de confirmarse los hechos, se implementen medidas correctivas que refuercen la transparencia y la equidad en la administración de justicia.
Fuente: Diariodelistmo