El Congreso del Estado de Veracruz aprobó, en una sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles, la eliminación de la autorización legislativa que habilitaba a iniciar procesos penales contra presidentes municipales, concejales y síndicos. La medida, impulsada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue votada con mayoría simple y ahora quedará sin efecto la normativa que, desde 2019, permitía la persecución penal de funcionarios locales por presuntos actos de corrupción o negligencia. Los legisladores argumentaron que la disposición era redundante, pues los delitos municipales ya pueden ser investigados por la Fiscalía General del Estado y por el Ministerio Público federal, sin necesidad de una autorización especial del Congreso.
Según explicó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, José Luis Hernández, la reforma busca evitar la politización de los procesos judiciales y reducir la carga administrativa que generaba la tramitación de los permisos. “El objetivo es simplificar el marco legal y garantizar que la justicia actúe de manera imparcial, sin que el poder legislativo se convierta en un árbitro de la persecución penal”, señaló Hernández durante la rueda de prensa posterior al voto. La propuesta también incluye la actualización de los reglamentos internos de los municipios, que deberán alinearse con las normas estatales y federales vigentes.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas de organizaciones de la sociedad civil y de la oposición, que la califican como un retroceso en la lucha contra la corrupción local. La Coordinación Nacional de Organizaciones Civiles (CNOC) advirtió que la supresión de la autorización podría debilitar los mecanismos de control y permitir que funcionarios municipales impunes continúen cometiendo irregularidades. “Esta reforma elimina una herramienta valiosa para la rendición de cuentas y abre la puerta a la impunidad”, manifestó la directora de la CNOC, Ana María López.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se mostró favorable a la decisión, argumentando que la eliminación de la autorización legislativa no afecta la capacidad del Estado para investigar y sancionar a los servidores públicos. En declaraciones a los medios, el gobernador enfatizó que la Fiscalía General del Estado cuenta con la facultad de iniciar investigaciones de oficio y que la reforma no implica una disminución de los recursos destinados a la lucha contra la corrupción.
Expertos en derecho constitucional señalan que la medida podría ser objeto de controversia jurídica, pues la Constitución del Estado de Veracruz establece la obligatoriedad de contar con autorización legislativa para ciertos procesos penales. El profesor de la Universidad Veracruzana, Rodrigo Méndez, indicó que podrían presentarse recursos de amparo por parte de organizaciones civiles o de los propios municipios, lo que abriría un debate en los tribunales sobre la constitucionalidad de la reforma.
Mientras tanto, la comunidad municipal se mantiene atenta a los posibles efectos de la reforma en la práctica cotidiana de la administración local. Los alcaldes y concejales deberán adaptarse a los nuevos lineamientos y reforzar sus protocolos internos de prevención de delitos, en un contexto donde la presión social por la transparencia sigue en aumento. La discusión sobre la medida continuará en los próximos días, tanto en el ámbito legislativo como en la esfera pública, mientras se evalúan sus repercusiones en la gobernanza municipal veracruzana.
Fuente: Diario de Xalapa